Un exestudiante de la Universidad de Puerto Rico enfrenta 47 cargos en su contra luego que un juez del Tribunal de San Juan encontrara causa para su arresto por apropiación ilegal de sobre $31,000 provenientes de fondos de becas federales y suplidores de la institución.

El hombre, identificado como Jonathan Cuevas Andújar, supuestamente utilizó las cuentas de fondos federales de la UPR para realizar pagos electrónicos a Amazon, eBay, Chase, además de pagos de un préstamo estudiantil federal y su matrícula como estudiante del recinto riopedrense. Así pudo obtener $31,910, según los hallazgos de una investigación iniciada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

Justicia indagó a partir de un referido que hizo la administración del Recinto de Río Piedras de la UPR, alertando sobre posibles transacciones electrónicas fraudulentas.

Por los hechos antes expuestos el juez Arnaldo Castro Callejo del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto por 19 cargos de apropiación ilegal, 19 cargos de apropiación ilegal de identidad y un cargo de fraude.

Asimismo, se presentaron ocho cargos por violación a la Ley de Armas luego que se ocuparan varias armas y municiones durante un allanamiento realizado en la residencia de Cuevas Andújar en Canóvanas en agosto de 2015, para un total de 47 cargos.

Durante dicha intervención Justicia recibió la colaboración de agentes federales del Servicio Secreto de los Estados Unidos y la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico.

El magistrado le impuso una fianza de $1,000 en cada cargo, para un total de $47,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio  (OSAJ).

Cuevas Andújar se expone a cumplir una pena de 15 años por los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos, ocho años por el cargo de fraude y ocho años por los cargos de apropiación ilegal de identidad.

La vista preliminar fue pautada para el 13 de octubre de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Cándida Sellés Ríos, el agente del Negociado de Investigaciones Especiales, Juan José Pastrana, y el agente de la Oficina del Inspector General de Educación Federal, Robert Wolfe.