La jueza Nereida Feliciano, del Tribunal de Carolina, encontró este miércoles causa para arresto contra tres individuos que supuestamente cometieron un fraude con una carta con la firma falsificada de la secretaria de Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.

Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa, se le imputa a Wilson Morales Ruíz, César Gustavo Vázquez Rivera y Manuel Radamés Torres Torres defraudar a un empresario por $90,000, bajo la promesa de que sus deudas con las agencias gubernamentales serían condonadas.

“Este trío falsificó la firma de la secretaria de la Gobernación, en concierto y común acuerdo, para dar la impresión de la existencia de un programa de incentivos mediante el cual Vila Biaggi estaría borrándole las deudas a empresarios que le debían al Gobierno. Entendemos que pueden haber más comerciantes perjudicados por este esquema de fraude y lo estamos investigando a través de nuestra División de Crimen Organizado”, afirmó el secretario designado de Justicia, César Miranda.

El funcionario dijo que los perjudicados por el fraude son la secretaria de la Gobernación y el matrimonio de empresarios compuesto por Salvador Ribot y su esposa Amparo Díaz. Estos son dueños de la compañía Keep Dry, dedicada a servicios de manufactura y distribución de pañales desechables para adultos.

La secretaria de la gobernación, por su parte, reaccionó esperanzada de que este caso sea atendido según corresponde en los tribunales.

“El Departamento de Justicia, en atención a un referido que hice, me ha informado que como resultado de la investigación realizada, hoy, se radicaron cargos contra tres individuos relacionados a un esquema de fraude. El proceso queda ahora en manos de los tribunales. Esperamos que este caso se atienda según las disposiciones de ley”, sostuvo Vila en declaraciones escritas.

Según se desprende de la investigación realizada por Justicia, los hechos datan de entre febrero a mayo de 2013. Se cree que los detenidos, entre ellos un abogado no licenciado y un ingeniero, comenzaron a ofrecer supuestos servicios de cabildeo al matrimonio para lograr que su empresa se beneficiara de un alegado programa de incentivos del Gobierno de Puerto Rico para condonar deudas con agencias, entidades o corporaciones públicas.

Se informó que los servicios de cabildeo constaban de mantener una comunicación directa con Vila Biaggi a un costo de $100,000, de los cuales los empresarios llegaron a desembolsar cheques ascendentes a $90,000, entre febrero y mayo de 2013.

El caso fue referido a Justicia por la propia secretaria de la Gobernación, tras advenir en conocimiento de la existencia de documentos en los que se falsificaba su firma. Llegó a su poder luego de que el matrimonio de empresarios lograra fotocopiar, con la ayuda de una de sus hijas, uno de los memos falsos que los acusados utilizaban para hacerles creer que se realizaban gestiones oficiales para su beneficio.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Ramos Junquera, de la División de Crimen Organizado, y contó con la cooperación de la agente especial Gretchen Castro, adscrita a la División de Integridad Pública del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

A los imputados se le radicaron cuatro cargos de Apropiación Ilegal Agravada (Artículo 182), Fraude (Artículo 202), Posesión y Traspaso de Documentos Falsificados (Artículo 217) e Influencia Indebida (Artículo 261), todos bajo el Código Penal de 2012. Los acusados se exponen a penas de 3 hasta 15 años.