El Departamento de Justicia presentó hoy, lunes, cargos contra los administradores del hotel Horned Dorset Primavera, ubicado en Rincón, por supuestamente dejar de remitir a la Compañía de Turismo $603,575 por concepto del impuesto sobre la ocupación de habitaciones.

El alegado incumplimiento de la remesa se extendió desde diciembre de 2008 hasta octubre del 2015, según un comunicado de prensa de la agencia estatal.

El Departamento de Justicia identificó a los administradores del hotel como Wilhelm Sack Graf y Harold Davies Mayne. El Estado presentó 174 denuncias por apropiación ilegal de fondos públicos contra la citada empresa y sus administradores. 

Esta mañana el juez Jimmy Sepúlveda, del Tribunal de San Juan, encontró causa por las 174 denuncias contra Sack Graf y Davies Mayne. La fianza de Sack fue de $32,000 y la de David Mayne, de $232,000. Sack Graf prestó la suma, mientras el juez Sepúlveda firmó la orden de arresto en contra de Davies Mayne, quien no acudió a la citación.

Según dijo Gingger Correa, oficial de prensa de Justicia, Sack Graf fue citado al Tribunal de San Juan, donde acudió con un abogado y salió en libertad luego de que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio difiriera su fianza. 

En el caso de Davies Mayne, se hacen gestiones para localizarlo, dijo Correa.

En declaraciones escritas, el secretario de Justicia, César Miranda, lamentó el paso que tomó su agencia. 

"Horned Dorset ha sido una institución para el turismo puertorriqueño, prestigiándonos por décadas en el mercado internacional. Es una lástima que hayan incumplido con sus obligaciones contributivas con el pueblo de Puerto Rico que les acogió y les dio su apoyo. Procederemos en este caso, como en cualquier otro", dijo.

La vista preliminar contra los imputados quedó fijada para el 14 de marzo.

Se informó que de ser encontrados culpables, los acusados se exponen a cumplir penas de hasta 10 años de reclusión. En el caso del hotel, el Departamento de Justicia mencionó que su certificado de incorporación podría ser suspendido o cancelado.

Por su parte, Ingrid I. Rivera Rocafort, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, también se mostró contrariada con la situación. 

"Es lamentable que una propiedad como esta se encuentre en este proceso. La Compañía de Turismo se reafirma en hacer cumplir la ley. Este tipo de comportamiento no se puede permitir", sostuvo en declaraciones divulgadas en el comunicado del Departamento de Justicia.

La apropiación ilegal imputada infringe el Artículo 20 de la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación. El hotel está registrado como hostelero en la Compañía de Turismo, por lo que sus accionistas, propietarios y administradores tienen la obligación de recaudar, retener y remitir el mencionado impuesto a la agencia, dijo el Departamento de Justicia.

El caso fue investigado por la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, junto a la agente Elsa Hernández Morales.