Un grupo integrado por 1,320 personas, entre ellas fiscales, jueces, policías y funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) tomarán unos adiestramientos dirigidos a fortalecer sus conocimientos sobre la investigación, el procesamiento y la adjudicación de los casos de asesinato.

Este proceso educativo viene a atender los hallazgos de 14 grupos focales que se crearon para recoger el sentir de los funcionarios públicos involucrados en las distintas etapas de la investigación y el procesamiento de un caso de crimen violento, particularmente homicidios.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, explicó que su agencia fue la encargada de obtener esos datos, para lo que contrató a la empresa independiente Professional Consulting.

Hubo cuatro grupos focales de fiscales, cuatro de policías, tres de empleados de Corrección, dos de la rama Judicial y uno del ICF. Cada grupo estuvo integrado por diez personas y el proceso tardó, aproximadamente, un mes. Se cubrieron las regiones judiciales de San Juan, Humacao, Ponce y Mayagüez.

“Ahí se discutieron todos los temas, lo que se quería conocer, qué era lo que ellos entienden (falta) con lo cual se puede mejorar el sistema. Eso fue computarizado. Cada grupo focal tardaba dos horas y media. Se les entregó un cuestionario preparado por personas altamente capacitadas, para que los evaluaran y dieran sugerencias”, indicó Somoza al salir de una reunión en La Fortaleza en la que se habló sobre el particular, el miércoles por la tarde.

Estuvieron presentes en el cónclave el gobernador Luis Fortuño; el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera; el fiscal general, Obdulio Meléndez; el secretario de Corrección y Rehabilitación, Jesús González; el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton; y la directora de la Administración de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez.

También asistieron el nuevo secretario de la Gobernación, Miguel Romero; el director ejecutivo de Professional Consulting, Steven Delgado, y su asesora Ygrí Rivera, ex jueza superior y ex presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.

El proximo paso

“Ya se rindió un informe preliminar a las ramas Ejecutiva y Judicial para que sepan cuáles son las inquietudes o qué hay que hacer para mejorar el sistema de justicia criminal en Puerto Rico”, señaló Somoza.

Los adiestramientos iniciarán el 15 de agosto próximo, para 360 funcionarios (160 policías, 50 de Justicia, 20 de la rama judicial, 70 de Corrección y OSAJ, 20 del ICF y 40 invitados especiales). El proceso se extenderá hasta el 31 de octubre y Somoza dijo que su agencia pagará los $122 mil que cuesta el taller.

Professional Consulting servirá como recurso principal a través de las ex juezas Olga Resumil e Ygrí Rivera. También habrá funcionarios públicos educando a sus pares.

“Se está tratando de que se integren todos los componentes del sistema de justicia criminal para ver en qué aspectos deben mejorarse para que el proceso sea mucho más efectivo -la parte investigativa, el proceso intermedio y la parte adjudicativa-, que pueda resultar exitoso para todo el mundo, para una mejor justicia”, opinó Rivera.

Delgado destacó que el adiestramiento será distinto a los que cada agencia realiza rutinariamente por el elemento multidisciplinario.

“En esta ocasión, vamos a mezclar los grupos con participación de todos los componentes. Van a estar juntos en un mismo salón recibiendo la misma información”, sostuvo Delgado.

Trabajo colaborativo

Todo esto forma parte de un acuerdo colaborativo firmado el 8 de mayo pasado, entre las principales agencias de seguridad del país y la rama Judicial.

“Necesitamos trabajar todos como un solo equipo en pro de la seguridad del pueblo de Puerto Rico y la defensa de los derechos de todos, incluyendo las víctimas del crimen, sus familiares, testigos y los acusados, los cuales tienen derecho a un proceso justo y eficiente. Precisamente por eso el primer seminario que se estará ofreciendo será 'El proceso penal visto a través del conocimiento integrado del sistema de justicia criminal'”, manifestó por escrito el gobernador Luis Fortuño.

Las reuniones interagenciales continuarán, así como la coordinación de esfuerzos, según el mandatario. Aunque las agencias federales no participan de esta iniciativa, Somoza dijo que se busca que el proceder estatal vaya de la mano con lo que haga el gobierno estadounidense en la Isla.

Este anuncio se da una semana después de que trascendiera públicamente que la actual administración se propone someter cargos en los casos criminales más notorios que están sin resolver, como los asesinatos del niño Lorenzo González Cacho y de Carmen Paredes Cintrón, antes de las elecciones generales del 6 de noviembre.

Precisamente esta semana, han dado pasos en esa dirección con los casos de la bailarina desaparecida Yexeira Torres Pacheco y la tasadora asesinada Brendalí Sierra Ramos.