La “paciente” que fue a atenderse con el psiquiatra Alfonso Madrid Guzmán para buscar recibir beneficios de incapacidad no sentía dolor de espalda ni cuello, ni depresión ni tristeza, ni tenía problemas para dormir, y así se lo dijo al médico, quien aun así, le diagnosticó condiciones de salud mental para que recibiera beneficios de la Oficina de Compensación a Trabajadores por Incapacidad (OWCP, por sus siglas en inglés).

La mujer fue una de las tres testigos en el primer día de juicio en su fondo contra Madrid Guzmán, acusado por cometer fraude contra la OWCP al emitir un informe médico fraudulento, fue la agente encubierta de la Oficina del Inspector General (OIG) del Servicio Postal de Estados Unidos que se hizo pasar por empleada del correo que había sufrido una lesión en octubre de 2011 levantando un paquete, cuando no era cierto. De hecho, se le instruyó a que fuese clara en que no estaba lesionada y que no sufría condiciones psiquiátricas durante su labor encubierta al visitar a los médicos.

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A preguntas de la subjefa de fiscalía federal, María Domínguez, la agente federal indicó que no usó su nombre verdadero, sino que se identificó por el alias Elisa Fernández, y que fue en varias ocasiones al fisiatra y coacusado en este caso, Luis Faura Clavell, por un periodo de entre nueve y diez meses. Éste le diagnosticó lesión lumbar y cervical y emitió un informe ante la OWCP.

“El doctor suscribió lo que no tenía, que era lesión lumbar y cervical. El doctor Faura Clavell dijo que necesitaba un caso más fuerte, dado a que era joven y que una condición física no sería suficiente para mantenerme fuera del trabajo”, explicó Fernández sobre la razón por la cual Faura Clavell la refirió a donde Madrid Guzmán.

Su primera cita con el hoy acusado fue el 10 de agosto de 2012. Después regresó a su oficina el 31 de enero, 28 de febrero, 27 de marzo, 22 de mayo y 24 de junio de 2013. La agente encubierta grabó en vídeo y audio todas las citas.

Esta tarde, el jurado compuesto por siete hombres y siete mujeres –dos de estos suplentes- vio y escuchó la grabación de la primera cita, en la que aparece el psiquiatra presentándose y le dice a la joven que sabe que fue referida por Faura Clavell, pero que no había hablado con él sobre el caso. Madrid Guzmán le pregunta por qué fue a atenderse con el fisiatra y ella le respondió que porque se lo recomendaron, dado a que estaba en proceso de venir a Puerto Rico desde Nueva York, que tiene dos niñas y estaba en proceso de divorcio, por lo que no quería regresar a trabajar.

“Yo vine porque el doctor (Faura Clavell) me dijo que para mantenerme fuera del trabajo… Que tuve un accidente en el trabajo, que para mantenerme fuera, el caso tiene que ser más fuerte porque sabe que no quiero volver a trabajar”, se escucha a la agente de 30 años decirle al psiquiatra, quien le dice que se sienta en confianza.

De hecho, la agente le dice que estaba levantando un paquete, y dijo que se hirió la espalda. El psiquiatra le pregunta si tuvo alguna lesión anteriormente y ella le contesta que no.

Madrid Guzmán le pregunta a la encuebierta si se ha sentido “triste” y “decaída”, a lo que contesta que no, que se encuentra bien.

En un momento dado, Madrid Guzmán le dice: “Ok, tenemos que hacer algo, por lo menos tengo que darte un medicamento”, y ella mostró preocupación y le preguntó si se lo tenía que tomar, dado a que “no tengo nada malo” y él le dijo que “no tenía que tomarlos”.

La agente continuará declarando mañana, viernes, en el Tribunal Federal en Hato Rey ante el juez federal Daniel R. Domínguez.

Esta mañana, la fiscal Domínguez –quien representa a la Fiscalía federal junto con Amanda Soto- ofreció su informe inicial en el que resumió de lo que trata el caso, que fue parte del operativo denominado “Hurting for dollars” o “Dolencias por dinero”. Dijo que de recibir el beneficio de incapacidad, la agente hubiese recibido $2,800 mensuales, y hasta $1.6 millones de no mejorar y recibir el beneficio de por vida.

A dichos efectos, testificó el agente especial a cargo de la OIG del Servicio Postal, Patrick Shea, quien estuvo a cargo del operativo que comenzó en 2011 por alegaciones que recibieron de supuestos casos fraudulentos en la Isla. Fue él quien escogió a la agente para realizar las visitas a los galenos por su conocimiento del programa OWCP, porque habla español y por estar en excelente condición de salud mental y física.

La segunda testigo fue Madeline Cortés, experta en fraude de la OWCP, quien destacó que en la agencia federal se recibieron los informes de Faura Clavell por parte de “Fernández” y, al desconocer que era parte de una investigación, se le aprobó el beneficio, pero solamente por su condición física, no por las supuestas condiciones siquiátricas que se incluyeron en el informe, dado a que en ese momento fue el fisiatra quien dijo que padecía de depresión y otros males de salud mental y él no era psicólogo ni psiquiatra. En agosto de 2012, le notificaron la aprobación por la condición física. Más adelante fue cuando comenzaron a recibir los informes de Madrid Guzmán, en los que indicaba que le recetó Cymbalta (para la depresión), Ambien (para el insomnio) y Klonapin (para la ansiedad) a la paciente. Aclaró que, al fin y al cabo, “Fernández” nunca recibió los beneficios porque fue entonces que se supo que era parte de una pesquisa.

Los abogados Juan Matos de Juan y Edgar Sánchez Mercado indicaron que ofrecerán su informe inicial una vez termine la prueba de la fiscalía, que se estima son cuatro testigos.

El fisiatra hizo alegación de culpabilidad por este caso y fue sentenciado a cumplir año y medio en prisión. Se supone que se entregue a las autoridades el 15 de abril para comenzar a extinguir la pena.

Ambos acusados fueron arrestados el 5 de septiembre de 2013 por “emitir informe médico al Departamento del Trabajo de Estados Unidos falso y fraudulento”, según la pesquisa, al diagnosticar a pacientes condiciones que no padecían para poder obtener los beneficios de OWCP a cambio de una compensación económica.

Madrid Guzmán enfrenta tres cargos por emitir un informe médico fraudulento relacionado con una “paciente” referida por Faura Clavell. Los médicos recibían entre $150 y $1,000 por cada informe y certificación médica falsa. Se expone a una pena de hasta cinco años de prisión.

Otras 10 empleados del Servicio Postal Federal fueron acusadas en este caso por reclamar dinero al programa federal alegando que sufrieron alguna lesión y no podían trabajar, recibiendo un 75% de su salario. Algunos recibieron el beneficio, por lo que se estima se agenciaron en total $3.5 millones.