Los agentes baleados el lunes en Humacao fueron los que descubrieron el esquema de falsificación de licencias de armas de fuego en una armería en Bayamón y que culminó con arrestos y millonaria incautación, reveló hoy el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés)

El agente Joaquín Correa Ortega fue asesinado y el sargento Víctor Pérez resultó gravemente herido en la noche del lunes al intervenir con una feria ilegal en Humacao.

Ambos oficiales de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Puerto Rico fueron los primeros en percatarse del trámite ilegal de las licencias falsas en la armería Lawman Gun Shop en Bayamón y le informaron a las autoridades federales. La investigación del FBI sobre ese esquema se expandió hoy al punto de completar el arresto de tres personas y la confiscación de millones de dólares, propiedades, vehículos y un inventario de miles de armas y municiones.

"Estos dos policías fueron los que trajeron el caso a la jurisdicción federal. Y gracias a ellos probablemente podamos seguir esta investigación y llevarla hasta las últimas consecuencias", expresó la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

Sin querer ofrecer detalles, Rodríguez dio a entender que las agencias de ley y orden estatales no hicieron caso cuando esos oficiales avisaron sobre el esquema.

"El detalle me lo guardo, pero sí ellos llamaron a las autoridades. Allá, pues, no les contestaron y entonces vinieron a donde nosotros", se limitó a decir Rodríguez. "No sé lo que pasó allá. Yo sé lo que pasó aquí. Nosotros sí les hicimos caso".

Por su parte, el fiscal federal José Capó explicó que Correa Ortega y Pérez se toparon con la situación de la armería en Bayamón durante sus investigaciones en el área de Humacao porque parte del esquema ilegal, precisamente, incluía tramitar licencias en la comandancia de Bayamón, independiente del lugar de residencia de los clientes.

Las leyes en Puerto Rico establecen que las personas que soliciten licencia de armas de fuego tienen que gestionarlo en las comandancias y tribunales correspondientes a su lugar de residencia.

"Este esquema, según surge de la acusación, a pesar de que en Bayamón es que se procesaban las licencias fraudulentas, involucra a personas residentes de varias regiones de Puerto Rico, incluyendo Humacao", sostuvo Capó.

Como sospechosos de la balacera contra ambos oficiales, fueron arrestados Efraín Rivera Ramos y Jeancarlos Velazquez Velázquez. Otro sospechoso, Rafael Rodríguez Carrasquillo, murió en un intercambio de disparos con la Policía mientras intentaba escapar. Las autoridades todavía buscan a un cuarto implicado en el atentado.

Rodríguez dijo que las autoridades federales estudian con las estatales el procesamiento criminal que se llevará contra Rivera Ramos y Velázquez Velázquez en relación al asesinato y la agresión contra el sargento. Mientras tanto, ambos sospechosos fueron ingresados a la cárcel federal después de que ayer se le sometieran cargos por casos previos.

A Rivera Ramos se le imputa poseer un arma de fuego alterada en hechos que se remontan a hace un año, el 14 de marzo de 2013, y a Velázquez Velázquez se le acusa por resistir a la intervención de un agente federal en enero pasado y poseer un arma de fuego en relación con un crimen violento.

"Lo que queríamos era someter lo que teníamos ya y sacar esa gente de la calle", sostuvo Rodríguez. "Nuestra preocupación principal es que es un delito violento y no deberían estar en la calle. Ahora están en la cárcel federal".

Descarga del jefe del FBI hacia sistema estatal

En la conferencia de prensa en la que se anunció la ampliación en la investigación contra el esquema de las licencias falsas y se reveló la aportación de los agentes baleados en Humacao, el jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, cuestionó el sistema de ley y orden estatal.

"El pueblo puertorriqueño está cansado de excusas", manifestó Cases.

Señaló que ya demasiadas veces se han topado con el mismo caso de Rivera Ramos, quien se encontraba en la libre comunidad pese a su extenso expediente criminal a nivel estatal y al final llegó a la jurisdicción federal tras un crimen violento.

En ese contexto, Cases recordó casos como el de Alexis Candelario Santana, preso de por vida por la masacre de la Tómbola en Toa Baja en el 2009, y Lashawn Casey, quien cumple cadena perpetua por el asesinato de un agente federal encubierto en el 2005.

Previo a aquel incidente, destacó el jefe del FBI, Candelario Santana se había declarado culpable por el asesinato de 12 personas y sólo cumplió seis años de cárcel.

"Seis años por 12 asesinatos, equivale a seis meses de cárcel por cada asesinato", indicó.

Mientras, Casey había sido sentenciado a 50 años de prisión en 1997 por varios delitos violentos, incluyendo violación de una mujer y secuestro agravado.

"Por algún motivo, que aún se desconoce, un juez del tribunal de Fajardo enmendó la sentencia de Casey y lo dejó libre en probatoria", dijo Cases. "Estando en probatoria, Casey fue acusado de violencia doméstica, maltrato agravado, asesinato en primer grado, agresión por una paliza que le dio a un policía que lo trató de arrestar".

Cases contrastó que ninguno de esos casos prosperaron en Puerto Rico, mientras que ahora cumple cadena perpetua en la cárcel federal.

"Lo que me llama la atención es que en los casos de Candelario Santana y Casey, el sistema le falló al pueblo de Puerto Rico. Pero, este mismo sistema se aseguró que Goerge López fuera sentenciado a 12 años de cárcel por arrastrar a la yegua Milagritos hace unos años", afirmó Cases.

 "Eso fue un crimen horrible que nada lo justifica, pero ¿cómo es posible que Candelario Santana haya cumplido seis años por 12 asesinatos, Casey haya cumplido cinco años de una condena de 50 años de cárcel y a López lo hayan sentenciado a 12 años de cárcel?", agregó. "A caso es que la vida de una yegua vale más que 12 vidas y la dignidad de una mujer. A veces pienso que vivimos en Macondo".

Cases también se cuestionó cómo el tribunal de Caguas dejó en libertad a Rivera Ramos, después de que fuera declarado "improcesable" y que no era peligroso tras un caso de drogas en el 2011, según indicó el juez administrador de esa región judicial, Lind Merle.

"Lo que no dice el juez administrador es que en noviembre de 2012 Rivera Ramos fue arrestado durante una intervención vehicular, en posesión de un arma automática o chipiá y cargadores con balas adicionales", dijo Cases, antes de mencionar otro caso en el que le ocuparon un arma alterada y se lo dijo a los agentes para que no se hicieran daño. "Rivera Ramos, que padece de sus facultades mentales, se preocupó de que los agentes no hicieran daño con su pistola chipiá".

"Más aún, cuando los agentes del FBI y de la Policía que lo estaban procesando ayer, luego de su arresto, le comenta a los agentes que después de la balacera con la Policía en Humacao se interna en el bosque y se mete en un río para enfriar su cuerpo porque sabe o piensa que los helicópteros de la Policía tienen equipo para detectar el calor humano, y se metió en el agua, para bajar la temperatura de cuerpo y así evitar que el helicóptero lo divisara", añadió Cases.

"La pregunta que le hago al juez administrador de la región Judicial de Caguas es cómo le dice a los familiares del agente Correa Ortega que Rivera Ramos no es un individuo peligroso", apuntó.

Luego, tras preguntas de la prensa, el jefe del FBI intentó suavizar sus declaraciones, aclarando que no está diciendo que sea culpa de los jueces o de algún funcionario en particular.

"Pero estamos viendo que muchas de estas personas cuando llegan al nivel federal debieron haber estado cumpliendo condenas largas por los delitos que cometieron anteriormente y están en la calle. Esos son los que están matando", expresó Cases. "Ese es el mensaje que quiero llevar. Si están tras las rejas, no tienen la capacidad de seguir matando como están matando".

"Lo que creo es que hay que ser, nosotros como pueblo, y a los oficiales públicos, mirar el sistema y ver dónde está débil y dónde se puede fortalecer para evitar este tipo de problema", afirmó.