Durante los próximos 20 días los oficiales de la policía recibirán una carta de la agencia en la que les notifica la cantidad de dinero que les adeuda por ajuste salarial, a raíz de la demanda de cobro radicada por el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) y el Concilio Nacional de Policías (CONAPOL) en marzo del 2007.

Durante el día de ayer durante una vista que se llevó a cabo ayer el juez superior, Carlos E. Carrasquillo Soto, impartió instrucciones a la Policía para que se emitan las comunicaciones con los estimados para determinar en cuántos casos se puede dictar sentencia y la cantidad que serán apelados, informó Diego Figueroa, presidente de FUPO.

La deuda estimada con los oficiales de la Policía asciende a los $295 millones. A pesar de que FUPO tiene 4,900 socios demandantes y Conapol alrededor de 700, se le solicitó al tribunal que la medida se extienda a todos los miembros de la Policía.

La deuda fue reconocida por el gobernador Luis G. Fortuño quien contrató a una compañía de auditoría para que emitiera las cartas que estuvieron plagadas de errores de acuerdo a las reclamaciones de los agentes y el proceso se detuvo.

El gobernador Alejandro García Padilla también reconoció la deuda lo que conllevó un primer desembolso de $18 millones como abono pero al presente se desconoce dónde está el dinero y en qué se utilizó.

“Policia ha gastado $9 millones haciendo estudios, contratando compañías y han provocado que el caso no se resuelva con tanta dilación, por lo tanto el juez ordenó que se designe a un comisionado, que es una especie de síndico que lo paguen los demandantes para la entrega del dinero”, detalló Figueroa. Ese aspecto sobre el pago del síndico se objetó durante la vista.

El líder gremial le solicitó a los policías a que tan pronto reciban la carta se comuniquen con sus oficinas para que notifiquen si están de acuerdo con la partida. En el caso de los oficiales que tengan objeciones se procedería a litigar.

Otra parte de la demanda que no se ha dilucidado es la que se relaciona con aspectos de violación de derechos civiles y de daños y perjuicios contra policías que por no recibir el dinero adeudado se tuvieron que acoger a la quiebra o sufrieron otras consecuencias.

Una vez se dicten las sentencias, de resultar electo existe un compromiso del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) David Bernier para acudir ante la Junta de Supervisión Fiscal para presentar su reclamo. Del candidato novoprogresista Ricardo Rosselló no han recibido respuesta, agregó.

Los gremios demandantes reafirmaron también en corte la petición de que se incluya a los pensionados que se acogieron a la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, conocida como la Ley 70, ya que se vieron obligados por la agencia a firmar un documento renunciando al pago de esta deuda sin la orientación adecuada. El asunto se encuentra aún bajo consideración del tribunal ya que durante los próximos días las partes tendrían que radicar mociones con sus argumentos.

“Nosotros replicamos porque esas personas fueron sometidas a engaño, no se le orientó, no tuvieron asesoría legal en el momento en que firmaron si hubiesen conocido que perderían entre 40 y hasta 60,000 dólares no lo hubiesen firmado”, comentó Figueroa.