La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, se expresó confiada en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falle en contra de la Ley 160, que reforma su sistema de pensiones, tras radicar este martes, los argumentos finales en el pleito contra el Gobierno.

A su salida del alto foro judicial, la líder magisterial indicó que el documento presentado hoy, día en que vencía el plazo para someter los alegatos de la demanda, contiene un nuevo planteamiento constitucional sobre la definición de “empleado público”.

“Yo vi el escrito y no tiene manera alguna de que nos fallen en contra. Un estudio de la Constitución (del Estado Libre Asociado), nos deja ver que nuestro caso debe ser tratado como el de los jueces, que los únicos funcionarios públicos a quienes se les definen sus funciones por ley es a los jueces y a los maestros”, explicó.

“La Constitución dice en su Artículo 10 que ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumento después de su elección y nombramiento. Emolumento es su retiro, son vacaciones, sea lo que sea”, abundó Díaz en medio de una manifestación realizada a las afueras del Tribunal, que congregó a miembros de todos los sindicatos magisteriales que componen el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros.

 Dicho argumento, dijo, se suma a los demás planteamientos sometidos mediante los que a su juicio y el de los actuarios, demostraron que el Gobierno no consideró otras estrategias de menor impacto para los educadores al atender la crisis en el Sistema de Retiro de Maestros.

Mencionó, por ejemplo que una evaluación realizada por el actuario José Pérez Díaz señala que el Gobierno nunca pudo demostrar que con la Ley 160 se podría reducir el déficit del sistema de retiro magisterial.

“El actuario Rowland Davis también le dice al Gobierno 'actuaron mal. Ustedes pudieron haber resuelto esto con los $2 millones que quedan en el pote y no tendrían que haber afectado tanto los maestros'”, detalló Díaz sobre la evaluación del reconocido actuario.

“Nosotros entendemos que tenemos un caso sólido, que podemos volver a tener nuestra Ley de Retiro tal como era y que el Gobierno lo que ha hecho es expropiar nuestro patrimonio”, sentenció.

No obstante, las líderes del sindicato Educamos, Eva Ayala, y de la Federación de Maestros, María Elena Lara, no fueron tan optimistas en cuanto a los resultados que esperan del proceso judicial.

 “Nosotros en la federación nunca nos ilusionamos mucho con los tribunales, pero entendemos que los tribunales hay que utilizarlos porque es otro frente más de lucha, pero no podemos bajar la guardia. Decida lo que decida el tribunal, que debería decidir a favor nuestro porque los jueces son tan empleados públicos como los maestros”, subrayó Lara.

“Yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil, donde han degradado el crédito, donde hay una Ley 160 que va a degradar la dignidad humana y necesitamos dar pasos de mucha unidad y de contingencia”, dijo, por su parte, Ayala.

La líder de Educamos además advirtió que si la decisión del Supremo fuera en contra de los maestros del sistema público la acción a tomar debe ser la huelga.

“Si no hay una huelga la construimos porque si el caso es adverso en el tribunal, los maestros no tienen otra alternativa que lanzarse a la calle”, apuntó.

La lucha de los maestros, sostuvo, tiene que ser en tres frentes: los tribunales, el Comité de Diálogo y Negociación y la calle.

 No obstante, recalcó que la batalla más importante para los maestros “tiene que darse en la calle porque los derechos de los trabajadores y trabajadoras no se han concedido nunca en el tribunal, ha sido por el sacrificio que hombres y mujeres ha desarrollado en la calle”, sentenció.

 Poco después de la salida de Díaz del tribunal, los manifestantes marcharon hasta el Capitolio, donde hubo grupos que reclamaban una huelga si el tribunal les falla en contra.

 Sobre las estrategias a seguir por el frente en caso de un fallo adverso, Díaz indicó que “se anunciarán sobre la marcha”.