Por razones estratégicas, el exsenador Antonio Soto Díaz, conocido como "El Chuchin", se allanó hoy, miércoles, a una determinación de causa para juicio en las tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que pesan en su contra.

Sin embargo, mañana, jueves, se celebrará la vista preliminar sobre los tres cargos de evasión contributiva que pesan en su contra y en contra de su esposa, Agnes Lopés Santiago.

Durante una audiencia ante el juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan, un lloroso Soto Díaz informó que deseaba renunciar al proceso de vista preliminar solo en los cargos relacionados a la Ley de Ética Gubernamental.

"Eso es así su señoría", manifestó el exlegislador cuando el magistrado indagó sobre la renuncia.

Ante la renuncia voluntaria a dicha etapa del proceso, el juez Silva Avilés encontró causa para juicio en las tres infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Informó también que no emitiría una resolución de inmediato, puesto que el proceso continuará mañana, jueves, en la tarde con la presentación de prueba para los tres cargos de evasión contributiva.

Culminado ese trámite, el juez Silva Avilés ofrecería la fecha de lectura de acusación y de juicio para los cargos donde determinó causa.

Previo a la audiencia los abogados Pablo Colón Santiago, José Torres Nolasco y Carlos Torres Nolasco conversaron con el Ministerio Público, representado por los fiscales especiales independientes Emilio Arill García y Manuel Nuñez Corrada y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, para adelantarles su decisión.

A su salida de sala, Soto Díaz y su esposa no hicieron comentarios a la prensa.

"Le voy a explicar con un refrán popular: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Son cuestiones estratégicas evidentemente de la defensa", afirmó el licenciado Colón Santiago sobre la decisión de renunciar a la vista preliminar en algunos de los cargos.

En una vista previa, el Ministerio Público y la defensa ya habían estipulado a 13 de los 15 testigos que iban a declarar en esta etapa del proceso.

Como parte de esta estipulación, la defensa recibió copia de las declaraciones juradas de los testigos y otra evidencia documental que se presentará durante el proceso.

Soto Díaz enfrenta tres cargos de evasión contributiva y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Mientras, Lopés Santiago encara tres cargos de evasión de impuestos alegadamente cometidos en concierto y común acuerdo con su compañero de vida.

Según el Ministerio Público, la pareja sometió planillas de contribución de ingresos con información falsa y fraudulenta.

Específicamente las infracciones a la sección 6054 de Código de Rentas Internas corresponden a una alegada evasión de impuestos porque la pareja informó ingresos menores a los recibidos.

Por ejemplo, en el año contributivo 2012 las denuncias alegan que el matrimonio informó ingresos de $52,257 cuando debió informar $152,011. En ese momento, Soto Díaz no era senador.

En la denuncia del año contributivo 2010, se alega que informó ingresos de $73,776 cuando debió informar $287,572, mientras que en la denuncia para el año contributivo 2009 informó $73,775 cuando debió informar $244,563.

Los tres cargos por violación al artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental que pesan contra el exsenador responden al supuesto incumplimiento o a la falsificación de información en los informes que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como senador.

En proceso separado, el controvertible líder del penepé enfrenta otros 26 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y de falsificación ideológica.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.

En septiembre del 2011, Soto Díaz renunció a su escaño como senador por el Distrito de Guayama en medio de dos investigaciones sobre supuesta conducta antiética y posibles irregularidades en sus estados financieros.

Soto Díaz enfrentaba una investigación senatorial por haber mostrado una conducta antiética al declarar públicamente que le habían regalado un lujoso automóvil marca Bentley. Posteriormente indicó que se trataba de una broma.

También enfrentaba una querella por supuestas irregularidades en los informes financieros que sometió ante el Departamento de Hacienda y la Comisión Estatal de Elecciones, en torno a los ingresos y gastos de su campaña.