A la calle los reos viejos

Por Primerahora.com 04/27/2013 |
La “ventana de retiro” aplicaría a aquellos presos que tengan de 60 a 64 años y hayan extinguido al menos 10 años de su sentencia, así como a aquellos que tengan 65 años o más y hayan cumplido al menos cinco años de su condena. No aplicaría en todos los casos. (Archivo)  
Proponen que los presos de 60 años o más cumplan sus penas en la libre comunidad.

Retiro pa’ las cárceles.

Si usted tiene 60 años, está preso, se ha portado bien en prisión, ha cumplido una parte de su condena, no es reincidente y no ha cometido asesinato o delitos contra menores, sepa que en la Legislatura se estudia un proyecto que busca que cualifique para salir libre.

La iniciativa bipartita de los senadores Miguel Pereira y Carmelo Ríos no nace del vacío. Está sustentada en varios análisis que dicen que la cantidad de reos a beneficiarse es menor, pero que al hacer el cómputo, el costo que le genera esta ínfima población al sistema carcelario es muy alto, contrario a los presos jóvenes.

La “ventana de retiro” para las cárceles del país les aplicaría a aquellos presos que tengan de 60 a 64 años y hayan extinguido al menos 10 años de su sentencia, así como a aquellos que tengan 65 años o más y hayan cumplido al menos cinco años de su condena. No podrán aplicar al “beneficio” aquellos convictos por asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio, distribución de drogas a menores de 18 años y por el uso de un menor para pornografía infantil.

Al resto de la población de “edad dorada” en las cárceles sí aplica y su solicitud de “retiro” pudiera someterla ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, si al final del camino la medida se aprueba y es convertida en ley por el gobernador.

La llamada “liberación geriátrica” está tomando auge y, de hecho, en 15 estados existen medidas similares para que los presos viejos cumplan sus condenas en la calle.

“No queremos mandar el mensaje de que cometes un delito y te vas para tu casa. Eso no. No es un free for all”, insistió Ríos.

A principios de este año, la población de confinados en Puerto Rico era de 11,873 y se estima que, de esos, tan solo 150 reos son mayores de 60 años. A ese cálculo debe multiplicarse el costo, que ronda los $100,000 por cada reo mayorcito debido a sus costos médicos. En el caso de los presos jóvenes, la inversión se aproxima a los $37,000. Y ese parece ser el punto principal de este proyecto: ahorrarle al Estado dinero.

“Tenemos una población bien grande de gente que no representa peligro y está encerrada por tiempo prolongado, ¿y cuánto nos cuesta?”, cuestionó Ríos.

El senador penepé y el popular Pereira defendieron ayer la propuesta e insistieron en que los presos viejos a beneficiarse no pueden representar peligro para la sociedad.

De hecho, los legisladores resaltaron que la reincidencia es un factor clave a considerar y que en esta población se ha comprobado que es mucho más baja que entre los jóvenes. Para ello, se agarran de un estudio que se hizo en 1998 y que refleja que a nivel general, en la Isla, solo un 3% de ofensores mayores de 55 años regresaron a prisión, mientras que un 45% fluctuaba entre convictos de 18 a 29 años.

Ambos senadores aclararon que la pieza en nada cambia el proceso criminal, por lo que si se aprueba la enmienda a la Ley 118 y un confinado beneficiado por la medida reincide, se le aplicaría el proceso actual de revocación de la libertad bajo palabra y volvería a ser ingresado.

“Primero, hay que reconocer que la vida en prisión envejece a la persona como 10 veces más rápido que una persona en la calle. Segundo, los costos tan altos; hay que buscar eficiencias para el Departamento (de Corrección y Rehabilitación)”, dijo Pereira, quien no cree que se genere controversias con la medida propuesta.

Y parecería que así es porque los senadores no están solos en el camino: el P royecto del Senado 487 recibió ya la bendición de cuatro organismos claves, inclusa la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Sin embargo, la Junta de Libertad Bajo Palabra condicionó su endoso a que se le hagan ajustes a la pieza legislativa, como que se incluyan otros delitos a la lista de los que no cualificaría para solicitar el beneficio.

“Entendemos que se debe incluir como parte de los delitos excluidos (para cualificar) los delitos de actos lascivos... y la agresión sexual conyugal”, manifestó la licenciada Mercedes Peguero.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Oficina de Administración para las Procuradurías también apoyaron el proyecto.

La SAL advirtió que, basada en la enmienda a la Ley 186 y el aumento en las sanciones en el sistema de pena fija del Código Penal del 2012, la población carcelaria aumentará próximamente y, si se quiere evitar consecuencias como el caso federal Morales Feliciano por hacinamiento en las cárceles, el momento de actuar es ahora.

Aunque ve con buenos ojos el proyecto y extendió su aval, la SAL no dejó de presentar recomendaciones, en específico seis: que se deben tener en cuenta confinados desde los 50 años, considerando su condición de salud; que el criterio de mayor peso debe ser la edad y que previo a la salida se debe coordinar servicios de salud, alimentación y vivienda, entre otros.

El DCR, por su parte, expresó que toda medida que vaya a favor de una mejor calidad de vida es bienvenida.

“Cualquier medida adicional que permita mejorar las condiciones o el bienestar de los ciudadanos, incluyendo a los confinados, siempre es conveniente para todos como sociedad”, dijo el secretario de Corrección, José R. Negrón, en su ponencia discutida por Manuel Quilinchini, director ejecutivo de Salud Correccional.

Actualmente, Corrección tiene 225 confinados de 60 años o más.

Ivelisse Rivera Quiñones colaboró en esta historia.