A pesar de la oposición de banqueros que testificaron en audiencias públicas legislativas, un comité de conferencia aprobó un proyecto de ley para garantizar protecciones adicionales a personas con problemas para pagar sus hipotecas.

El Proyecto de la Cámara 2150 ha sido referido este fin de semana a La Fortaleza para la consideración del gobernador Alejandro García Padilla.

Si recibe el endoso del primer ejecutivo, mediante ley existirán más protecciones para evitar que un ciudadano sea demandado en los tribunales para despojarlo de su residencia, según el propulsor de la medida César Hernández Alfonzo.

El representante dijo en un comunicado de prensa que la medida clarifica o propicia mayor certeza en el proceso de mitigación de pérdida estipulado por leyes federales (loss mitigation), en caso de clientes con atrasos en los pagos hipotecarios.

Indicó que al iniciarse el citado proceso de mitigación y negociar de buena fe con la institución financiera, porque como cliente una persona tiene una situación financiera que le impide cumplir con sus pagos, la legislación evitaría que se le someta una demanda en tribunales para intentar quitarle su casa.

Según Hernández Alfonzo, su proyecto es una medida de justicia social. Al justificar la medida, el representante recordó que los casos de hipotecas en mora totalizaban 68,623 y los casos bajo proceso de ejecución alcanzaban los 17,119 a junio de 2014, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

“A nombre de todas las familias puertorriqueñas que se beneficiarán de esta ley, una vez sea firmada por el señor Gobernador, le agradezco a los compañeros legisladores tanto de Cámara como de Senado, por haber aprobado esta medida de justicia social para nuestra gente. Esta medida  brinda esa protección a todas las personas que tienen problemas con los pagos de su hipoteca”, puntualizó.

 “Esta ley será muy importante ya que le da certeza y  claridad, al proceso de loss mitigation que se da en las instituciones financieras del País, prohibiendo  que ocurra lo que se conoce como un dual tracking.  Esto es que mientras usted está tratando de negociar de buena fe con la institución financiera, porque usted tiene una situación financiera que no puede cumplir con sus pagos, por la razón que sea, no se le esté radicando una demanda en tribunales que intentaría quitarle su casa”, agregó en declaraciones escritas.

La Asociación de Banqueros Hipotecarios, entre otros representantes de la banca local, dijeron que esta legislación estatal no procede porque atiende asuntos que son “campo ocupado” por disposiciones federales relacionados con amplias regulaciones de la banca hipotecaria.