En lo que va de año, ocho de las 13 regiones policíacas presentan un alza en los casos de violación a la fuerza, en comparación con el mismo periodo en el 2017, un escenario reflejado en una encuesta de salubridad que revela que 67,269 personas de la población puertorriqueña han sido víctimas de agresión sexual alguna vez en su vida. 

Y esta es una tendencia que parece no tener freno.

Según las estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Investigación Criminal (SAIC), las áreas policíacas en las que han aumentado este tipo de delito sexual son San Juan, Arecibo, Ponce, Mayagüez, Caguas, Carolina, Aguadilla y Aibonito.

El escenario más alarmante se registra en la región de Aguadilla –compuesta por los pueblos de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca Rincón y San Sebastián-, donde la incidencia de violaciones ha aumentado en un 88%. 

La preocupante y elevada tendencia se extiende a las regiones de Caguas y Arecibo, con un 67% y 55% de aumento en este tipo de casos, respectivamente. Seguidos por San Juan (55%), Mayagüez (31%), Aibonito (25%), Ponce (13%) y Carolina (6%). 

En total, se han recibido en la isla 160 querellas de violación a la fuerza en todo Puerto Rico, una menos que las registradas para esta misma fecha (16 de octubre) el año pasado.

¿Habrá algún violador en serie en algunas de las regiones?

Según el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, “no hay investigación o confirmación al presente de algún violador en serie en alguna de las 13 áreas policíacas”.

En cambio, personal del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) confirmó el martes que este tipo de crímenes continúa ocurriendo en Puerto Rico y el más reciente caso es el del bautizado “Violador playa”, a quienes especialistas forenses lograron identificar como el agresor de siete casos ocurridos entre 2006 y 2007 en Isla Verde y otras playas de Carolina.

Las autoridades no han dado con el victimario pues, aunque tienen su ADN, a la persona no se le tiene rostro. Aun así se le radicaron cargos en ausencia a través de lo que se conoce como un “John Doe Ward” a fin de que los delitos no prescriban. 

Cabe destacar que recientemente trascendió que más de 2,000 “rape kits” de presuntas agresiones sexuales están sin procesar desde 2006 en las bóvedas del NCF. En el ataponamiento hay dos grupos: los casos que tienen querella, a los que se les da prioridad; y los que no tienen querella.

Mientras, Escalera insiste que en la Policía, cada querella de alegada violación, se investiga con la responsabilidad y la seriedad que amerita e insistió en que las autoridades no descansan hasta llevar al agresor sexual a los foros judiciales. 

“Las llamadas que se reciben a través de la línea 787-343-0000, se registra como querella de violación, no obstante hay casos que en el desarrollo de la investigación se determina en reclasificación de delito, por ejemplo un artículo 3.5 corresponde a la Ley 54”, expresó por su parte Escalera en referencia a la agresión sexual conyugal, un delito en el que el agresor “mediante la fuerza, violencia, intimidación o daño corporal” obliga a la víctima a tener relaciones sexuales. Este es un delito grave de segundo grado severo que podría conllevar cárcel.

Tendencia que va en asenso

Aunque alarmantes, los datos policíacos se quedan por debajo del revelador panorama que se evidencia a través de una encuesta de violencia sexual que realizan con personas mayores de 18 años el Departamento de Salud a través del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgos Conductuales.

Los últimos datos recopilados corresponden al 2016, año en el que 5,938 personas en la isla fueron víctimas de agresión sexual y 67,844 de actos lascivos. 

Pero el dato “preocupante” a juicio de la Dra. Rebecca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), es que para el periodo del estudio hubo 67,269 personas que dijeron ser víctimas de agresión sexual, lo que representa un alza de 22,088 casos en un periodo de 11 años en comparación con los resultados de la misma encuesta del 2005.

El análisis del módulo reveló, además, que en Puerto Rico unas 154,919 personas fueron víctimas de un intento de agresión sexual en su vida.

“La tendencia de la encuesta epidemiológica es que los números van en ascenso… y esto es algo que está ocurriendo a nivel mundial donde la incidencia también es bastante alta”, explicó Ward al indicar que más que alarmante los hallazgos le parecen “preocupantes”.

Reiteró que los menores, las mujeres, los discapacitados y las personas en desventaja económica y miembros de la comunidad LGBTT son los más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual.

La doctora aclaró que cuando se refiere a violencia sexual se incluyen varias tipologías que van desde agresión a menores de edad, actos lascivos y sodomía, hasta agresión sexual conyugal.

Dijo que este último tipo de violencia sexual es más común de lo que se pueda percibir socialmente. “A partir de la experiencia de nosotros en investigaciones previas, podemos decir que casi un 50% de los casos de violencia doméstica conllevan en alguna dimensión agresión sexual en la relación de pareja”, indicó Ward.

La funcionaria reconoce que aunque diversas organizaciones y entidades gubernamentales han educado a la sociedad sobre la violencia sexual, aun queda camino por recorrer.

Por esta razón, en el Departamento de Salud se trabajó un plan de prevención primaria para los próximos cinco años que contará con una alianza con otras agencias de gobierno como el Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Justicia, organizaciones de bases comunitarias y las universidades.

“Trabajamos en un plan de estrategias que se han encontrado que funcionan para prevenir la violencia sexual… son estrategias que se han identificado como claves y que son endosadas por los Centros para el Control de Enfermedades y Salud Federal”, determinó sobre la iniciativa que se dará a conocer públicamente en unos meses.

Destacó que parte del plan estratégico de prevención primaria incluye fomentar un currículo en todos los niveles de educación -desde Kindergarten hasta la universidad- en el que se dé un enfoque prioritario a la equidad de género y las relaciones saludables.

Víctimas no reportan a la Policía

El director del SAIC, Rolando Trinidad, aceptó que muchos de los casos de agresión sexual en Puerto Rico no son reportados a las autoridades, aunque sí están consignados en otras entidades que atienden a los agredidos, como es el caso de CAVV, donde han evidenciado por multiplicidad de factores que las personas agredidas no buscan auxilio en la Policía.

“El Departamento Salud está obligado a que si una persona se presenta a un hospital por un caso de agresión sexual, se active el protocolo de rape kit y de tratamiento. Pero si la persona no quiere que se llame a la Policía, no se puede obligar. Hay otros casos, incluso, que ni siquiera buscan ayuda o lo reportan por miedo”, dijo Trinidad.

La experiencia en el CAVV es que la gente no se querella, porque muchas veces el agresor resulta ser alguien conocido. Además, la mayor parte de las víctimas son mujeres y menores a los que no se les da credibilidad.

Mientras, el director de SAIC aparenta no estar alarmado con las elevadas cifras de violación registradas en la gran mayoría de las regiones que atiende el Negociado de la Policía, pues indicó que muchas de las querellas -al ser investigadas- se descartan o reclasifican a otros delitos. Sin embargo, no pudo precisar cuántos casos caen bajo este criterio ya que esa modificación no se ha hecho oficialmente.

Mencionó como ejemplo que mientras comandó la región de Arecibo (donde lideró hasta el pasado mes), identificaron un puñado de casos que “no eran violaciones a la fuerza, de acuerdo a la estadística de la Policía”.

“Tuvimos el caso de una joven que no llegó temprano a su residencia y como temía un regaño de sus padres, alegó una violación. Se va al cuartel, se investiga y no fue ninguna violación, fue una relación sexual consentida”, expresó.

Agregó que, en ocasiones, la data se ve alterada por otro tipo de situaciones con la clasificación de los delitos.

“Por ejemplo, antes la violación sexual conyugal se contaba aparte y ahora se cuenta en esta estadística... también tenemos los casos de los menores de 15 años que consienten relaciones sexuales, pero como la ley establece que no tienen edad para conseguir tenemos que ponerlos en el renglón de violación a la fuerza”, destacó.

De hecho, entre los últimos casos de violación a la fuerza registrados se destaca uno reportado en el residencial Sierra Linda en Bayamón, donde la querellante acusó a un vecino de obligarla a sostener relaciones sexuales y luego la amenazó con matarla a ella y a su familia si lo denunciaba. 

Otro querella reportada recientemente es el de una adolescente de 16 años que denunció que fue agredida sexualmente por un amigo de años de su progenitora, quien les brindó albergue en su hogar (Guayanilla) mientras completaban el proceso de alquiler de una vivienda. 

Otro factor, añadió Trinidad, es que cuando los agentes de delitos sexuales se adentran en las querellas de violación a la fuerza, luego tienen que reclasificarlas a otro tipo de delitos, como sodomía, actos lascivos y violación con objeto. 

En cambio, nuevamente, este tipo de data que podría generar el escenario real de las agresiones sexuales en Puerto Rico no está disponible en la Policía. Trinidad dijo que se podría solicitar a las regiones para que evalúen caso por caso, pero el proceso tardaría.

Maribel Hernández colaboró en esta historia