Un criminal convicto y presunto asesino responsable por uno de los peores episodios de violencia registrados en la Isla, la llamada “Masacre de La Tómbola”, tendrá que ser juzgado nuevamente por los nueve asesinatos registrados en ese suceso, y podría revivir nuevamente el debate sobre la pena de muerte.

A pesar de que Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929, y reafirmó esa decisión en 1952 consignándola en la Constitución del Estado Libre Asociado, en el foro federal ese castigo máximo continúa vigente y se puede aplicar en casos de crímenes tan severos como el asesinato.

Alexis Candelario Santana, quien está acusado por la balacera ocurrida en el negocio La Tómbola el 17 de octubre de 2009 que dejó nueve decesos (incluido un feto de ocho meses) y 20 heridos, podría ser candidato a la pena capital.

Candelario Santana ya fue juzgado y sentenciado por ese crimen, en marzo de 2013, y escapó de la pena de muerte luego que uno de los 12 jurados del proceso votara en contra. Fue condenado a cadena perpetua.

Sin embargo, ese proceso fue apelado al Primer Circuito de Apelaciones en Boston, y ese tribunal determinó que durante el juicio se había cometido un error en el procedimiento lo suficientemente grave como para justificar la celebración de un nuevo juicio.

Con el nuevo juicio, vendría también la posibilidad de la pena capital, si Candelario Santana recibe un veredicto de culpabilidad.

El hombre enfrenta más de 30 cargos de violaciones a la Ley de Crimen Organizado, también conocida como la Ley RICO, por sus siglas en inglés, por la masacre. El hombre había sido acusado antes en el foro estatal por otros 12 asesinatos, pero apenas cumplió seis años luego de lograr un acuerdo. En total se le atribuyen 21 asesinatos.

El nuevo juicio contra Candelario Santana está pautado para comenzar en abril de 2019, cuando iniciaría la selección de jurado.

Precisamente, esa selección de jurado está siendo cuestionada por la defensa del acusado, bajo el argumento de que, como los juicios en el Tribunal Federal se llevan a cabo en inglés, limita grandemente a potenciales jurados.

De hecho, con la moción que radicó ante la corte, la defensa trataría de ir más lejos e impugnar la selección del gran jurado que aprobó el pliego acusatorio original contra Candelario Santana.

Para llevar a cabo su empeño, los abogados Francisco Rebollo y David Runhke buscaron reforzar su estrategia con Jeffrey Martin, un experto en analizar a jurados. El equipo ya solicitó al Tribunal federal la entrega de miles de documentos relacionados con el anterior proceso.

El nuevo juicio se verá ante el juez Francisco Besosa. El anterior se dio ante el juez José Fusté, cuya acción de permitir que un testigo declarara a puerta cerrada fue precisamente lo que desencadenó que Boston anulara el proceso y ordenara hacer uno nuevo.

La fiscalía federal ha buscado la pena de muerte en varios casos en los últimos años, y en ninguno ha tenido éxito.

De hecho, para junio de 2014, decidió no buscar la pena de muerte contra un trío de acusados por el asesinato en 2012 de un joven publicista. Aunque las razones para esa decisión no se dieron a conocer, se cree que el continuo rechazo a ese castigo en Puerto Rico podría haber sido el elemento determinante.

En ese mismo 2013, la fiscalía federal buscó, sin éxito, que fueran condenados a muerte Xavier Jiménez Benceví, convicto por el asesinato de una confidente de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, en inglés), y Lashaun Casey, convicto por el asesinato de un agente encubierto. Ambos fueron condenados a cadena perpetua.

El costo para la fiscalía federal tan solo en los procesos fallidos de Candelario Santana y Jiménez Benceví fue de más de $2.1 millones. Ambos fueron defendidos por abogados asignados por el juez Fusté, o lo que se conoce también como abogados de oficio.

El propio juez Fusté, en declaraciones hechas en 2013, criticó el proceso señalando: “tengo la obligación de seguir la ley, porque si no, tengo que renunciar. Creo firmemente que la pena de muerte es una forma loca, loca, loca para lidiar con esos casos. Es una pérdida de tiempo. Incluso, me incomoda tener que firmar los cheques de los abogados en estos casos”.

Candelario Santana fue considerado el más fuerte candidato a ser condenado a pena de muerte para su primer juicio. Si es hallado otra vez culpable, ya la fiscalía federal anunció que buscará nuevamente la pena de muerte contra él.

Actualmente, el gobierno federal contempla la mortal sanción en más de 40 tipos de delitos. Aunque en su mayoría tienen que ver con asesinato, también se incluyen otras faltas como terrorismo; uso de armas de destrucción masiva que termine en muerte; genocidio; traición; espionaje; tráfico de grandes cantidades de droga; asesinato por encargo; muertes relacionadas a piratería, secuestros, robos de bancos, envíos por correo de objetos con intención de hacer daño, durante la destrucción de medios de transporte (aviones, vehículos de transporte) o instalaciones relacionadas, durante el descarrilamiento intencional de un tren; muerte como resultado de la violación de derechos civiles; muerte como resultado de abuso sexual agravado, abuso de menores, o conducta sexual abusiva; muerte como resultado de transportar o esconder a ciertos extranjeros.