Guayama. La Rama Judicial, la Policía de Puerto Rico y cinco municipios del sur firmaron hoy, miércoles, un acuerdo colaborativo que les permitirá atender con mayor efectividad los casos de violencia doméstica en la región de Guayama, a fin de salvar más vidas.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, y el superintendente de la Policía, José Caldero, encabezaron la firma del convenio, efectuada esta mañana en el Tribunal de Guayama. Les acompañaron los alcaldes de la ciudad anfitriona, Eduardo Cintrón; de Arroyo, Eric Bachier; de Patillas, Norberto Soto; y de Salinas, Karilyn Bonilla. También forma parte del acuerdo el municipio de Cayey.

Oronoz indicó que el Proyecto de especialización de los servicios en casos de violencia doméstica inaugurado hoy en la región judicial de Guayama surgió ante la falta de dinero para seguir construyendo salas especializadas en esta materia en los tribunales del país. Actualmente, hay seis salas especializadas en violencia doméstica en San Juan, Bayamón, Arecibo, Caguas, Fajardo y Utuado.

Como la opción no era quedarse de brazos cruzados, trabajaron en una alianza con la Policía y los municipios para proveer esencialmente los mismos servicios de las salas especializadas, pero con el mínimo de inversión y optimizando los recursos existentes.

“Con los espacios físicos que tenemos, se les da el mismo entrenamiento y herramientas a los jueces y juezas, se hacen calendarios especializados y hay una intercesora igual que en las salas de violencia doméstica”, detalló Oronoz.

La alianza busca reforzar la protección a las víctimas y proveerles un contacto directo a quien recurrir en caso de emergencia.

“Cada orden de protección que se emita, la Rama Judicial se la notificará directamente a una persona enlace de la Policía Municipal del municipio donde está la víctima. Con la autorización de la víctima la Policía obtiene su teléfono y dirección, lo que permite hacer unas rondas preventivas en su área. Además, esa víctima tiene una persona enlace donde en una situación de peligrosidad o que se sienta amenazada, levanta el teléfono y llama a un policía municipal”, explicó la jueza presidenta del Supremo.

Las regiones de Aguadilla y Carolina serán las próximas donde se implantará este programa.

“La depresión económica no va a detener el esfuerzo de la Rama Judicial y de los componentes aquí presentes en erradicar por completo la violencia doméstica”, afirmó Oronoz.