Unas diez personas son elegibles o enfrentan actualmente la posibilidad de ser enjuiciados y condenados a muerte en Puerto Rico, según la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

Un listado de casos preparados por la organización identifica entre los acusados que podrían encarar la pena de muerte a figuras como Juan Enrique Seary Colón, apodado Ricky Diablo y vinculado a múltiples crímenes, y a los presuntos responsables del asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, cuyo trágico secuestro y posterior asesinato conmocionó al país en tiempos recientes.

Estos son casos elegibles a la pena de muerte, pero que no fueron certificados como tal, ya sea por decisión de la fiscalía, decisión judicial, u otras razones.

 En el caso de Aurea Vázquez, acusada de matar a su esposo, un comerciante canadiense, la fiscalía no ha anunciado una posición, pero ya el juez Daniel R. Domínguez les exhortó que no debían buscar la pena capital.

El listado incluye casos identificados por la Coalisión hasta el primero de septiembre de este año, un día después que la fiscalía federal anunciara que no iba a buscar la pena capital contra supuestos miembros del grupo autodenominado Organizacion de Narcotraficantes Unidos (ONU), quienes están acusados por varios asesinatos, según el documento enviado por Edgardo Román, miembro de la Coalición.

"La determinación de la fiscalía federal de no solicitar la pena de muerte en ese caso (ONU) no fue objeto de explicación. No obstante, resulta importante destacar que a la fecha y,m luego de siete intentos, la fiscalía federal no ha logrado su objetivo de obtener un veredicto de muerte en Puerto Rico. Las manifestaciones de repudio frente a la corte federal, así como las expresiones en contra de las pretensiones de la fiscalía federal son, sin duda, parte de los factores que explican por qué no se solicitó la pena de muerte en ese caso. Habrán otras, pero no puede descartarse que la oposición a la pena de muerte en Puerto Rico ha sido consistente", expresó Román en un escrito a miembros de la Coalición al que tuvo acceso este diario.

La pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1928 y prohibida en la Constitución en 1952. Sin embargo, en virtud de la ley federal de pena de muerte de 1994, en Puerto Rico se celebran juicios de pena capital, aunque en ninguno de los siete casos celebrados en la Isla se ha avalado ejecutar al acusado.

El proceso judicial de un caso de pena de muerte inicia cuando la fiscalía federal en Puerto Rico hace una determinación inicial de que un acusado cometió un delito con agravantes que lo cualifican o es "elegible" para enfrentar la pena de muerte. Posteriormente, la fiscalía debe anunciar si continuará el caso como uno de pena capital o uno de cadena perpetua, lo que incluye una evaluación de un comité especial con sede en Washington D.C.

Tres juicios de pena de muerte se han visto este año en Puerto Rico, ninguno con veredicto condenatorio a ejecución, incluyendo a Alexis Candelario, acusado por la matanza de nueve personas en el negocio La Tombola, en Toa Baja, ocurrida en el 2009.

Los diez acusados que actualmente pueden enfrentar la pena de muerte, según la Coalición, están divididos en siete pliegos acusatorios. En varios de ellos hay más de un acusado, pero Román explicó que no todos los acusados en un caso pueden enfrentar los mismos cargos, y que la Coalición solo ha identificado a diez sujetos como posibles condenables a muerte.

Cuatro de esos acusados son por la muerte del publicista Gómez Saladín el 30 de noviembre de 2012, cuyo crimen culminó en un movimiento de redes sociales llamado "Todos somos José Enrique". Figuran como acusados Rubén Delgado Ortiz, Edwin "Bebo" Torres Osorio, Alejandra "Pochi" Berríos Cotto y Lenisse "Prieta" Aponte Aponte.

Ricky Diablo, por su parte, está acusado por el asesinato del comerciante David Méndez Calderón el 3 de abril del 2012, en una tienda de piezas de auto en la avenida Monserrate, en Carolina. Pero además era sospechoso de un segundo asesinato, acusado en ausencia de un tercer asesinato, por violaciones a la Ley de Armas relacionadas a apuntar con su arma a un agente en un centro comercial y tenía un desacato por incumplimiento con su pensión alimentaria.

En el caso de Jonathan Ortiz Torres, acusado de matar a Félix Rodríguez Gómez y Kenneth Omar Betancourt, dos vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que laboraban en la oficina central de esta agencia en marzo de 2010, existe una orden judicial para que la fiscalía notifique antes de fin de mes si se certificará como un caso de pena de muerte.

Otro caso es el de Emanuel Soto Flores, quien para el 26 de junio de 2011, fue acusado de matar a golpes con un bate a un hombre de nombre Gabriel Rivera Quiles durante un carjacking de un vehículo.

Mientras, Oscar Sánchez Martínez, alias Mayer o Gordo; figura como acusado elegible a pena de muerte por el asesinato el pasado 21 de agosto de 2011, de Eliezer Rivera Molina, de 33 años, en el residencial Manuel A. Pérez, de San Juan.

 Asimismo, Carmelo Velázquez Aponte, apodado Boty de 33 años, presuntamente cometió un carjacking el 18 de junio de 2011, que culminó con la muerte del comerciante Richardson Mieses Pimentel en una gasolinera en la avenida Sánchez Osorio en Carolina.

 Finalmente, Christian Torres Cabrera está acusado de supuestamente asesinar a Kaleb Rivera Diaz durante un carjacking el 20 de febrero de 2010, para robarle un auto toyota en Humacao. El cuerpo fue lanzado a un pastizal y el auto fue quemado.