Al reaccionar con alegría a la decisión de la jueza Wanda Cintrón Valentín, Ana Cacho pidió a los medios de comunicación que respetaran y protegieran la privacidad de sus hijas en ese momento.

“Por favor que respeten a mis hijas. Por favor. Han pasado bastante. Yo sé que tienen el poder de hacerlo. De mí sigan hablando, pero a mis hijas me las protegen, por favor”, rogó Cacho al concluir una conferencia de prensa en el restaurante La Casona en Santurce. 

El encuentro con la prensa perseguía aclarar algunas dudas en torno al alcance de la resolución emitida por Cintrón Valentín y que ordena al Departamento de la Familia (DF) iniciar un plan de servicios que permita aquilatar adecuadamente si el retorno al hogar de la hija de 11 años de Cacho resultaría en el mejor bienestar de la niña.

En su determinación, la togada respetó la decisión de la hija mayor de Cacho, de 19 años, quien ha expresado que no está preparada, en este momento, para reanudar la relación con su progenitora.

Pero Cintrón Valentín dejó la puerta abierta para que la universitaria inicie contacto con su mamá cuando así lo decida y sin la intervención del DF.

“Estoy lista para recoger a mis hijas, preparar loncheras y llevarlas a la escuela. Me hacen falta, extraño a mis hijas”, apuntó llorosa Cacho.

 “Yo quisiera que me devolvieran a mis hijas porque a mí me las quitaron”, agregó.

Sobre la decisión de su hija mayor, afirmó que la respetaba.

“Yo respeto a mi hija. Sé que me ama. Ella sabe que la amo”, sostuvo la madre.

Las abogadas Sharon González Maldonado y Brenda Berríos Morales calificaron la decisión de la jueza como un acto de “justicia” y emplazaron al DF a reflexionar sobre los señalamientos contemplados en la resolución para no repetir los mismos errores.

“Que esto le sirva de lección al Departamento de la Familia para que esto no vuelva a pasar. No hay disculpa, no hay perdón”, indicó González.

Anoche, al confirmar que la jueza había emitido su decisión, la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rondón, apuntó que acataría las órdenes de la togada.

“Hemos recibido la determinación de la honorable juez sobre el cese de esfuerzos de la Ley 246 en el caso de la Sra. Ana Cacho. Nuestras acciones estarán dirigidas a cumplir con lo resuelto, realizando un proceso ordenado, salvaguardando el mejor bienestar y la estabilidad emocional de las menores. Tal y como hemos expresado anteriormente, existe una orden de mordaza en el caso, por lo que estamos imposibilitados de ofrecer información adicional”, indicó Colón Rondón.

Pero hoy la licenciada Olga López Báez, directora de la División Legal de la Administración de Familias y Niños, apuntó que la agencia evalúa la resolución y que todavía no se ha descartado la posibilidad de pedir una reconsideración.

“El Departamento está evaluando la sentencia”, apuntó a este medio.

El alcance de la decisión 

La jueza Cintrón Valentín catalogó como prematura la petición del DF para cesar los esfuerzos que hubiesen permitido la reunificación familiar de Cacho con sus dos hijas tras el asesinato de su hijo Lorenzo González Cacho.

“Con la prueba presentada, este Tribunal no puede descartar la reunificación familiar sin requerirle al Departamento que realice esfuerzos que sean razonables de acuerdo a las circunstancias particulares del caso y que agote dichos esfuerzos”, apuntó la togada en una resolución emitida el 14 de abril pasado.

“La totalidad de la prueba y las circunstancias del caso no establecen, ni de manera robusta y convincente, ni de manera preponderante, que la promovida (Cacho) no merezca beneficiarse del mandato estatutario de que el DF realice esfuerzos razonables para su reunificación familiar con su hija (de 11 años)”, agregó.

En su decisión, Cintrón Valentín también consignó que las trabajadoras sociales a cargo de las dos hijas de Cacho manipularon información en los informes sobre las menores y que dichos informes estaban matizados por el prejuicio en contra de Cacho.

“En los informes de las trabajadoras sociales presentados en evidencia a partir de que el caso fue asignado a la trabajadora social (Iralis) De Jesús permea un juicio moral que ha operado como desventaja contra la promovida (Cacho) por ser mujer”, resaltó la jueza en una decisión con la que cuestionó duramente las acciones de las funcionarias del DF.

“Desde los inicios de la intervención del DF se le puso un sello a la promovida (Cacho) de sospechosa que permeó toda la intervención de un juicio moral y social en su contra. Esto impidió un proceso objetivo, que se le reconocieran capacidades protectoras y que se realizara un esfuerzo genuino por la reunificación familiar”, agregó en otro momento.

Específicamente, la magistrada señaló que las trabajadoras sociales Iralis De Jesús y Viviana Olmo fueron selectivas en la información que incluyeron en sus informes y que en repetidas ocasiones omitieron datos importantes sobre situaciones de las menores y su estado.

El DF intervino con Cacho luego de que su hijo Lorenzo recibiera golpes mortales mientras dormía en la residencia de la familia en la urbanización Dorado del Mar durante la madrugada del 9 de marzo de 2010. 

En marzo pasado, el Departamento de Justicia presentó una denuncia contra Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco, imputándole la muerte del niño en medio de un escalamiento a la residencia que el niño compartía con su mamá y sus dos hermanas.

Ese proceso judicial se encuentra en la etapa de vista preliminar, que reanudará el próximo 25 de abril.

Inicialmente, las autoridades declararon a Cacho como sospechosa en la muerte de su hijo, pero finalmente la mujer testificó en la vista preliminar que se sigue contra Rivera Seijo que desconocía las circunstancias en que murió su único hijo varón.

Luego del crimen, la agencia ubicó a las dos menores en la casa de una tía abuela materna, pero luego solicitó la custodia de emergencia de las menores, que estuvieron en varios hogares de crianza antes de ser ubicadas con su padre en octubre de 2010.

Como parte de la intervención inicial, el DF estableció un plan de servicios que Cacho completó y que contemplaba la reunificación familiar. Sin embargo, en una vista de seguimiento en julio de 2010, la agencia -bajo la tutela de la exsecretaria Yanitsia Irizarry-, solicitó ser relevada de hacer gestiones para reunificar a Cacho con sus hijas como lo exige la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Apoyada en los informes de la psicóloga Elsa Cardalda, la agencia alegó que las menores estaban siendo manipuladas por Cacho y la familia materna para que no que hablaran de la muerte de Lorenzo. El DF también infirió que Cacho estaba involucrada en el crimen, encubría o conocía las circunstancias en las que murió su hijo.

Posteriormente y bajo la dirección de la actual secretaria Idalia Colón, el DF presentó en enero de 2014 una segunda petición de cese de esfuerzos basada en el análisis de la trabajadora social De Jesús, quien concluyó que si Cacho no podía explicar las circunstancias de la muerte de Lorenzo, no podía garantizar la seguridad de sus otras dos hijas y, por tanto, no podía tener la custodia de las menores.

Pero la jueza Cintrón Valentín resaltó en la resolución que luego de la remoción de menores en el 2010, el asunto de la manipulación de las menores no fue evaluado por la agencia nuevamente.