Anaudi Hernández Pérez, principal acusado por corrupción gubernamental junto con otras nueve personas en el foro federal, informó hoy a través de su defensa que desea hacer alegación de culpabilidad.

Su abogado, Osvaldo Carlo, sometió una moción ante la consideración del juez federal Pedro A. Delgado para que paute una vista para declararse culpable, luego de que llegó a un acuerdo con la fiscalía federal, representada en este caso por el subjefe Timothy Henwood y el fiscal a cargo de la División de Crímenes de Cuello Blanco, José Capó Iriarte.

Procede ahora que Delgado paute una fecha para ver el proceso. Al momento, se desconocen los pormenores del acuerdo al que llegaron las partes.

Entre ayer y hoy, Carlo sometió otras mociones selladas -el público y la prensa no tienen acceso a ellas- relacionadas a modificaciones de condiciones de libertad bajo fianza de Hernández Pérez.

Los 10 acusados en este caso fueron arrestados el 3 de diciembre pasado luego de que un Gran Jurado emitiera un pliego acusatorio de 25 cargos por soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión por actos cometidos desde 2012 hasta el momento, y que rindieron un beneficio de más de $2 millones.

Según la acusación, las agencias afectadas por el esquema fueron la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las penas aplicables en este caso son cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.

Los coacusados en este caso son la exdirectiva de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), destacada al momento de su arresto en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza, Sally López Martínez; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; el ayudante operacional de ese cuerpo legislativo, Glenn Rivera Pizarro; el exempleado de la Cámara Víctor Rafael Burgos; la directora de la Oficina de Compras y Logística de la AAA, Sonia Barreto Colón; la exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves; su hermana Marieli Falcón; y los empresarios Carlos Luna y Muñiz Álvarez.

Este último también aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Al acusado se le denegó libertad bajo fianza porque supuestamente amenazó a una potencial testigo.

Según la pesquisa, el primer esquema era de Hernández Pérez, quien era recaudador de fondos del Partido Popular Democrático y amigo personal del gobernador Alejandro García Padilla y de su hermano, Luis Gerardo "Gerry" García Padilla,  con López Martínez, a quien éste recomendó a la posición directiva de ADL al mandatario. Fue así que el principal acusado registró compañías luego de las elecciones del 2012 y logró contratos con la agencia. También le hizo costosos regalos, los que anotaba en un registro, según señalaron las autoridades federales.

Se alega que el segundo esquema se produjo con Falcón Nieves y Barreto Colón, donde lograron un contrato firmado por Lázaro, a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas.

El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez 3CommGlobal obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente.

En una conferencia de estatus que se llevó a cabo en enero, se adelantó que la prueba es voluminosa y que la fiscalía cuenta con alrededor de 100 testigos.

Entre los que declararon ante el gran jurado que investigó este caso fueron: el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, fue citado en dos ocasiones a declarar ante el gran jurado. También se supo que testificaron Gerardo García Padilla, hermano del primer ejecutivo; el secretario del Trabajo, Vance Thomas; la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi; la senadora del PPD Maritere González; el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),  Harry Rodríguez; y Erick Reyes Colón, identificado como un amigo cercano del gobernador Alejandro García Padilla, quien se alega fungió como parte de su comité de finanzas durante la campaña del 2012.