El recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) acusado de corrupción pública junto con otras nueve personas, Anaudi Javier Hernández Pérez, podrá hacer su alegación de culpabilidad el próximo jueves, 18 de febrero, fecha que el juez Pedro A. Delgado estableció para la vista que solicitó su abogado. 

El representante legal del imputado, Osvaldo Carlo, radicó ayer, viernes, en el expediente electrónico del caso una moción en la que informa que llegó a un acuerdo con los fiscales Timothy Henwood y José Capó, luego de reunirse con ambos para discutir la prueba.

Por eso, señaló, solicitó una vista “lo antes posible” para que su representante se declare culpable.

El juez Delgado pautó la vista para el 18 de febrero a las 3:00 p.m. en su sala en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Al momento, se desconocen los pormenores del acuerdo al que llegaron las partes.

Entre el jueves y el viernes, Carlo sometió otras mociones selladas -el público y la prensa no tienen acceso a ellas- relacionadas con las modificaciones de condiciones de libertad bajo fianza de Hernández Pérez.

Los 10 acusados en este caso fueron arrestados el 3 de diciembre pasado, luego de que un gran jurado emitiera un pliego acusatorio de 25 cargos por soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión por actos registrados desde 2012, y que rindieron un beneficio de más de $2 millones.

Según la acusación, las agencias afectadas por el esquema fueron la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las penas aplicables en este caso son de cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.

Los coacusados en este caso son la exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), destacada al momento de su arresto en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza, Sally López Martínez; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; el ayudante operacional de ese cuerpo legislativo, Glenn Rivera Pizarro; el exempleado de la Cámara Víctor Rafael Burgos; la directora de la Oficina de Compras y Logística de la AAA, Sonia Barreto Colón; la exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves; su hermana Marieli Falcón; y los empresarios Carlos Luna y Muñiz Álvarez.

En una conferencia de estatus que se llevó a cabo en enero, se adelantó que la prueba es voluminosa y que la fiscalía cuenta con alrededor de 100 testigos.