La jueza María de Lourdes Camarero, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra el empresario Anaudi Javier Hernández Pérez y su esposa, acusados hoy, miércoles, por evasión contributiva.

Al matrimonio, así como a dos socios del empresario, se le imputa por no rendir planillas de contribución sobre ingreso en 2014.

Hernández Pérez, acusado a nivel federal por corrupción gubernamental, se allanó a la vista de causa para arresto, al igual que su esposa Verónica Ponce Pena, y sus socios José Rodríguez Pagán y Héctor Vargas Soto.

La vista preliminar por el caso de violación al Código de Rentas Internas se señaló para el próximo 26 de abril de 2016.

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La fianza impuesta contra Hernández Pérez fue de $30,000. A su esposa, mientras, se le señaló una fianza $5,000. La jueza Camarero, por otro lado, señaló a Vargas Soto fianza $20,000 y a Rodríguez de $5,000. Todas las fianzas fueron sin derecho al pago del 10%.

El Departamento de Jusiticia también presentó cargos contra las compañías 3CommGlobal, Eko Technologies, Kendall Corp. y Links Group, todas pertenecientes a Hernández Pérez, identificado además como recaudador de fondos para el Partido Popular Democrático.

De ser encontrados culpables, se exponen a penas de entre tres y ocho años de prisión. 

Las compañías, mientras, se exponen a multas, cancelaciones de los certificados de incorporación, suspensión, revocación de licencias o disolución.

Los ocho cargos contra el grupo y las corporaciones fueron presentados por el fiscal Iván de Jesús González, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, informó la oficial de prensa del Departamento de Justicia, Ambar Lee Vélez Burr.

En el Tribunal Federal, Sala de San Juan, Hernández Pérez, se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos relacionados con varios esquemas de fraude a cambio de un acuerdo de una sentencia recomendada entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión. 

Al momento, el empresario se encuentra bajo arresto domiciliario. 

Hernández Pérez, identificado como amigo del gobernador Alejandro García Padilla, fue acusado a nivel federal junto a otras nueve personas, por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes. 

Su abogado Osvaldo Carlo, así como los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte informaron al juez federal que llegaron a un acuerdo para que se declarara culpable por 14 cargos en su contra relacionados a conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico y extorsión.