Envidias profesionales y persecución política se esconden tras las acusaciones presentadas ayer contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdéz, por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) relacionadas con la adjudicación de becas presidenciales, según alegó la defensa. 

La jueza Geisa Marrero Martínez, de la Sala de Investigaciones del centro judicial en San Juan, citó para el próximo martes a las 9:00 a.m. la continuación de la vista de Regla 6 para la determinación de causa para arresto tras la presentación de cargos por violación al artículo 4.2 (B) de la Ley de Ética Gubernamental, por conceder beneficios a otra persona fuera del cumplimiento de ley, interferencia indebida a las operaciones gubernamentales y omisión del cumplimiento del deber. 

A Walker Ramos se le imputa un cargo más por malversación de capital por el dinero desembolsado para las becas presidenciales. 

Durante la vista de ayer, los abogados de los imputados, Harry Anduze, quien representa al exrector, y Javier Vázquez, a cargo de la defensa del expresidente, anticiparon que presentarán prueba exculpatoria. 

“Envidia. Ustedes oyeron lo que hubo… envidia, había una necesidad y un interés de desestabilizar la universidad y juzguen ustedes dónde estaba la universidad hace 18 meses y dónde está ahora”, manifestó Walker Ramos a su salida del tribunal, quien reiteró que no favoreció a nadie ya que se consideraron los atributos de los candidatos. 

De su lado, Vázquez insistió en que el presidente de la UPR tenía la discreción de otorgar las becas y cuestionó las intenciones de las fiscales de basar un caso en las expresiones públicas del analista político Carlos Díaz Olivo, quien también es profesor universitario en la Escuela de Derecho de la UPR. 

“A mí me sorprendió ver en la lista de testigos hoy a una persona que es un analista político; ustedes saben que lo que ha hecho es despotricar contra mi representado”, indicó Vázquez.

Severino Valdéz fue apoyado por el Colectivo por la Justicia Carlos Severino, quienes vitorearon a su salida “Justicia para Carlos”. 

En el referido del Departamento de Justicia se establecía que ambos funcionarios utilizaron sus cargos para obtener directa o indirectamente beneficios a favor de una persona privada. 

De acuerdo a las denuncias, se otorgaron becas a los estudiantes Carlos Andrés Pagán, quien fue asistente de Antonio García Padilla, hermano del exgobernador Alejandro García Padilla, y el segundo fue asesor en Asuntos Laborales del gobernador García Padilla.

Pagán obtuvo la beca presidencial por la suma de $40,000 para sufragar gastos de una maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, mientras que a Ríos Escribano se le otorgaron $25,000 para un doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares en España.

El escándalo provocó el año pasado la renuncia de ambos funcionarios, así como la salida de los decanos de Estudios Generales, Carlos Rodríguez, y de Asuntos Académicos, Palmira Ríos.