Nadie sabe con certeza cuántas mujeres han desaparecido en Puerto Rico en las últimas décadas, cuántas se presumen muertas, víctimas del maltrato machista o de depredadores sexuales o si simplemente decidieron esfumarse, porque el sistema que está a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) está inoperante. 

Según la base de datos del Registro de Personas Desaparecidas de la Policía, desde 2014 hasta principios de este mes en la Isla hay 1,795 personas cuyo paradero se desconoce, de las cuales 277 están sin localizar, reveló el sargento José Carlos Rosario, encargado del sistema.

Del total de personas sin localizar, 98 son mujeres (35%) clasificadas en 52 adolescentes, 45 adultas y solo una tiene 68 años de edad. 

Rosario indicó que la base de datos de este sistema electrónico, que tienen casos tan remotos como del 1990, comenzó a ponerse al día en octubre del año pasado y todavía se encuentra en proceso de actualización de los expedientes. 

En la página de la Policía, el encasillado de personas desaparecidas estaba la semana pasada fuera de servicio. Tampoco se le pudo suministrar a Primera Hora una lista actualizada de los casos que se encuentran bajo investigación, ni se ofreció ninguna excusa para justificar que la información no estuviese accesible al público. 

“En muchos casos no se emiten requisitorias, porque los familiares no tienen interés (en firmar la autorización, que es un requisito). Hay unos casos que las personas deciden ‘perderse’, porque las buscan por drogas, peleas, problemas con familiares o porque decidieron mudarse a los Estados Unidos”, añadió el encargado del registro.

Las pobres herramientas con las que cuenta la Policía resultan insuficientes para investigar y encontrar un centenar de mujeres, cuyos rastros se han perdido

Mujeres sin perfiles

Las autoridades carecen de un perfil de la mujer desaparecida. 

Uno de los casos sin resolver fue el de la joven madre Jackeline Meléndez Díaz, de 36 años, que desapareció el 22 de octubre del 2014, luego de salir de su casa en Aibonito para encontrarse con un hombre que había sido su pareja, a la que ella había denunciado por maltrato.

“Aunque se investiga como un asesinato, hasta ahora se sigue investigando como una persona desaparecida”, detalló el sargento Rosario.

El 1 de noviembre del 1998 se reportó otro caso que ganó notoriedad y en el que la Policía realizó numerosas búsquedas. Con el tiempo, la desaparición de la estudiante universitaria Iris Deborah Torres Ocasio, que era vecina de Trujillo Alto y quien posiblemente fue sepultada en algún punto cercano al lago Las Curías, en Cupey, quedó en el olvido. 

Aunque la Policía le pisó los talones al sospechoso, desaparecieron testigos porque algunos de ellos fueron asesinados.

Las redes sociales pueden servir como una herramienta útil para los investigadores, ya que se han encontrado con casos en los que las personas han actualizado su perfil aun cuando han sido reportadas desaparecidas. 

Esta información los ha ayudado a localizar las personas o a dar con algún sospechoso que haya logrado acceso a sus claves secretas.

Por el lado negativo, se prestan para que cualquier persona que busque información de la mujer que no está desaparecida divulgue una requisitoria que no es la oficial para localizarla para otros fines.

Los casos de adolescentes también suelen ser complicados porque en ocasiones pueden evadirse hasta tres o cuatro veces anualmente de sus residencias o de hogares sustitutos del Departamento de la Familia.

Sepa que...

Para reportar una persona desaparecida es necesario presentar una querella en el cuartel de la Policía correspondiente, donde el agente asignado tiene un período de dos días para confirmarlo y referirlo al Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) para que continúe con la pesquisa. 

Este investigador, a su vez, tendrá tres días para investigar la desaparición y determinar si va a solicitar o no, una requisitoria para su difusión públicamente. La familia tiene que autorizar su publicación. 

La información del desaparecido es enviada al sistema federal NCIC (National Crime Information Center), para que, en caso de que la persona haya evadido la jurisdicción, pueda localizarse al momento de solicitar alguna ayuda del gobierno o infringir la ley.