Apelan determinación sobre Procurador de Personas con Impedimentos

Por Mariana Cobián 10/21/2013 |05:15 p.m.
El procurador de las personas con impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo. (Archivo)  
La notificación de apelación fue sometida por el secretario de Justicia Luis Sánchez Betances y la abogada del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos.

El gobernador Alejandro García Padilla y los demandados por el procurador de las personas con impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, apelaron la determinación del Tribunal Federal que permite que el funcionario permanezca en su puesto.

La notificación de apelación fue sometida por el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances y la abogada del Departamento de Justicia que representa a García Padilla y a los demás funcionarios demandados, Wandymar Burgos.

Anteriormente, la parte demandada solicitó una reconsideración al juez federal Daniel R. Domínguez, luego de que emitiera el interdicto solicitado por Díaz Carrasquillo, ordenando que continúe ejerciendo como Ombudsman de las Personas con Impedimentos y que emitiera una certificación interjurisdiccional para que el Tribunal Supremo se exprese en relación al interés propietario de una posición ejecutiva y cuasi judicial.

Domínguez denegó la moción de reconsideración por entender que "la ley estatal no es clara en esta área, por lo que la certificación es justificada y apropiada".

En la orden, Domínguez indica que "el Tribunal no tiene conocimiento de casos en los que el Tribunal Supremo haya considerado que involucra a alguien en una posición híbrida ejecutiva y cuasi judicial".

 El juez solicitó al tribunal de mayor jerarquía estatal a responder cuatro preguntas sobre el interés propietario en este caso. Clasificó la posición como "híbrida".

Por lo pronto, el juez concedió la orden de interdicto solicitada por Díaz Carrasquillo para que permanezca en el puesto al que fue nombrado en noviembre de 2011. La vigencia de esa designación expira en 2021.

En la demanda sometida en agosto pasado, Díaz Carrasquillo insiste en que su nombramiento en la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) es de 10 años, no importa quién sea el gobernador de turno.

 Por eso, demandó a García Padilla y a miembros del comité de transición, Margaret Morales y Gabriel Esterrich, luego de que el primer ejecutivo derogara el Plan de Reorganización de 2011, firmado por el exgobernador Luis Fortuño. El nuevo gobierno consolidó bajo la Oficina de Administración de las Procuradorías a todas las oficinas de procuradores.

Al derogar la ley el 24 de julio pasado, García Padilla nombró como procurador interino a Ramón Calzada Jiménez.

La parte demandada señala que la nueva ley disuelve el Plan de Reorganización y confiere al Gobernador el poder de nombrar a los procuradores.

 Díaz Carrasquillo entiende que no puede ser destituido de su puesto, a menos que no se presente prueba sobre causales para destituirlo por negligencia o acciones impropias en su puesto.

 Además, al ser una persona con funciones cuasi judiciales está protegido por ley y solamente se le puede despedir bajo justa causa, según argumenta el demandante.