El Tribunal de Apelaciones paralizó este viernes el primer juicio que se sigue en el Tribunal de Bayamón contra dos acusados por el fraude primarista en Guaynabo.

En una resolución de dos páginas, el panel compuesto por los jueces José Morales Rodríguez, Abelardo Bermúdez Torres, Félix Figueroa Cabán y Gloria Lebrón Nieves, también concedió a la defensa de Melba Ríos Pérez y Carlos Vázquez Santos hasta el 22 de mayo para exponer su suposición en torno a los alegatos planteados en el recurso radicado por la procuradora general Margarita Mercado Echegaray.

Con esta acción, este foro intermedio acogió la petición del Ministerio Público para que revise una decisión del juez César Mercado Santaella, quien no admitió como evidencia documentos electorales esenciales para probar el caso su caso.

El martes, en el segundo día del juicio, el magistrado no aceptó como evidencia las hojas de Información del Elector y la Actualización de Datos del Elector de ambos acusados.

Los documentos son fundamentales para el Ministerio Público, representado por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Rosaura González Vélez y María Rossy Caballero, que los utiliza para identificar a los acusados.

Esos cuatro folios también constituyen el cuerpo del delito porque supuestamente contienen información falsa.

"La autenticación (de los documentos) no se ha hecho conforme a derecho. Es tan contraria a derecho que el propio testigo indicó que esa agencia funciona con el principio de desconfianza", afirmó el magistrado en corte abierta al anunciar su determinación.

El Ministerio Público pidió al juez que marcara los documentos electorales como evidencia luego de presentar como testigo al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Walter Vélez Martínez.

Este funcionario de la CEE certificó la autenticidad de los documentos electorales, pero luego aceptó que antes de firmarlos no los corroboró con la copia digital de la base de datos de la CEE, ni con la copia en papel archivada en la Junta de Inscripción Permanente.

Vélez Martínez tampoco participó en la reproducción de los documentos. Solo originó la hoja de trámite para que la Junta Especial de Secretaría imprimiera los documentos.

Pero el Ministerio Público entiende que el juez Mercado Santaella se equivocó en su decisión.

En su recurso, la procuradora general apuntó que el magistrado erró porque los documentos que no aceptó como evidencia son documentos oficiales de la CEE cuya autenticación está preestablecida en las Reglas de Evidencia.

Alegó que el Ministerio Público "fue más allá de dicha presunción y presentó un testigo con conocimiento sobre los documentos, quien fue además quien le imprimió el carácter oficial a dichos documentos".

Aseguró también que Vélez Martínez impartió oficialidad a los documentos mediante sello, certificación y firma.

Como parte de su argumentación, la procuradora postuló que el juez cometió un segundo error al "abusar de su discreción" al no aceptar una oferta de prueba del Ministerio Público, quien ofreció sentar a declarar a Misael Méndez González, director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE.

Méndez González, según la procuradora, hubiera declarado sobre la integridad y la confiabilidad del archivo electrónico de la CEE.

"Además, el Tribunal de Primera Instancia descartó irrazonablemente que se admitieran los documentos oficiales de forma condicionada a que el resto de la prueba cumpliera con el novedoso estándar de autenticidad que en este caso ha exigido el Juez recurrido", indicó Mercado Echegaray.

Al inicio del proceso judicial, Mercado Santaella admitió los documentos como identificaciones del Ministerio Público y resolvió que escucharía toda la prueba relacionada a la autenticación de los documentos antes de emitir una decisión. Pero el Ministerio Público solicitó la admisión de los documentos tras sentar a un solo testigo.

Entonces cuando surgió el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público, el juez señaló que el testimonio de Méndez González no era pertinente en ese momento porque venía a atender un asunto de "confiabilidad" de los documentos cuando la controversia giraba en torno a la "autenticidad" de los documentos.

Ríos Pérez, una nutricionista del programa Head Start, enfrenta cargos de perjurio, falsedad ideológica y apropiación ilegal de identidad, mientras que Vázquez Santos, un policía estatal, encara cargos de apropiación ilegal de identidad y falsedad ideológica.

El Ministerio Público los acusa de alegadamente solicitar cambios de dirección para votar fuera de su precinto en las primarias celebradas el 18 de marzo de 2012.

Los abogados Ana Quintero Santiago, Eduardo Otero Ortiz, Alexis Acevedo Colón, Roberto Alonso Santiago y José Valle Brenes representan a los acusados.