Un total de 26 cargos criminales por soborno y fraude fueron sometidos a diez arrestados esta madrugada en un operativo realizado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia. A los imputados se le fijó una fianza global que asciende a $615,000.

Entre los arrestados, se encuentran cinco empleados administrativos en varias oficinas del Centro de Servicios al Conductor (Cesco), quienes también enfrentan cargos por violación el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Los empleados fueron identificados como Ángel Luis Pedrógo Munera y Bethsaida Torres Rosado, del Cesco de Ponce; Evelyn Enid Vázquez y Nichole Barreto, operadoras de Arecibo, e Irma Santos Meléndez, funcionaria de Carolina.

 A Pedrógo Munera y Santos Meléndez se les impuso fianzas de $150 mil y $45 mil, respectivamente mientras que en los casos de las otras tres acusadas se les impuso fianzas de $75 mil a cada una. Torres Rosado y Santos Meléndez llevaban más de 20 años en el servicio público.

Los otros cinco arrestados son ciudadanos que según las autoridades, actuaron en concierto y común acuerdo con los empleados del Departamento de Transportación y Deportes (DTOP). Estos son el exguardia de seguridad, José Luis Díaz Reyes y los gestores Nelson Lugaro Pagán, Raúl Ferrer Aguilar, José Márquez Rodríguez y Ramón Rosario Colón. A cada uno se le impuso una fianza de $45 mil.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres explicó que el esquema consistía en eliminar multas a las tablillas de vehículos de motor y a las licencias de conducir a cambio de dinero.

 “Vuelve a ser un día triste para todos los servidores públicos que aspiran a la excelencia dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Quién meta la mano, que sepa que será encontrado, estos solamente son cinco”, expresó Torres.

El funcionario indicó que la agencia que dirige colaboró ampliamente con las autoridades para que concluyera satisfactoriamente la investigación que se inició en octubre del 2012.

“Hace tres semanas yo suspendí diez. De esos diez, tres fueron arrestados en esta ocasión. Muchos de nuestros compañeros en el servicio público han estado de manera osada pretendiendo realizar labores que rayan en lo antiético y lo ilegal. Que les quede claro, que no se irán con la impunidad de costumbre”, expresó.

Las transacciones -que según las autoridades no eran acciones aisladas- suman cantidades millonarias, pero no se reveló la suma específica de las mismas, Torres indicó que notaron un desfase entre las cantidades de los recibos que maneja su agencia y en las multas que habían sido borradas del sistema.

 El secretario de Justicia, César Miranda indicó que el fraude era recurrente y operaba en varios centros del país. “Dolorosamente tenemos que reconocer públicamente que sigue habiendo funcionarios que se prestan para este tipo de conducta que degrada la imagen del servicio público”, señaló.

El fiscal José Capó confirmó que algunas de las transacciones fueron ejecutadas en presencia de un agente encubierto. Explicó que la pena fija por el cargo de soborno es de ocho años de cárcel y que la misma no tiene derecho a cumplir la pena en probatoria.

Para combatir este tipo de fraude, el DTOP implementará un nuevo protocolo de seguridad que hará verificaciones del trasfondo de los empleados. Además, utilizará un sistema de huella biométrica para los servidores públicos que realicen trámites de licencias a nombre de un ciudadano.

 “Exhortamos a nuestros ciudadanos que tengan claro que nadie puede hacer trámites de comprar ni pagarle ni gestionar boletos o borrarles boletos que no sean funcionarios autorizados por el gobierno, como los son las colecturías en el Departamento de Hacienda o como lo son los bancos que tienen autorización de hacer trámites de licencias y renovación de marbete y algunas estaciones oficiales de inspección y algunas cooperativas adscritas a ese servicio”, concluyó Torres.