La fiscalía federal en Puerto Rico, a través de su jefa la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció este viernes que un gran jurado federal había entregado un pliego acusatorio contra María Cristina Cotto Ortiz por fraude agravado y robo de identidad agravado. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) está a cargo de la investigación.

En el pliego se acusa a Cotto Ortiz de cinco cargos de robo, apropiación fraudulenta o uso de documentos incorrectos por parte de un oficial o empleado bancario; 13 cargos de fraude bancario; 12 cargos de entrar información falsa en un libro, reporte o declaración de un banco asegurado federalmente; dos cargos de robo de identidad agravado; y un cargo de exceder accesos autorizados en una computadora protegida. Su esposo, Natanael Pacheco Martínez, fue acusado de un cargo de cooperación luego de los hechos, es decir, que a sabiendas de que se estaba cometiendo un delito contra los Estados Unidos, ayudó a Cotto Ortiz a eludir o evitar su captura, enjuiciamiento y castigo.

De acuerdo con la acusación, Cotto Ortiz, quien era la segunda al mando en la sucursal de Ceiba del banco Oriental Bank, se apropió de documentos de su patrono, y también robó a una pareja de personas de avanzada edad que tenían cuenta con Oriental Bank. El montó del robo que habría cometido Cotto Ortiz se estima en más de $768,800.

Según la acusación, en 2006 Cotto Ortiz se acercó a sus víctimas y le aseguró que había sido autorizada por Oriental Bank para ofrecer una tasa de interés elevada a dos clientes. Las víctimas, que conocían a Cotto Ortiz del banco y confiaban en ella, abrieron una cuenta de cheques y ahorro, transfiriendo inicialmente $160,000, y basándose en la promesas de Cotto Ortiz de una tasas de interés que irían en aumento, depositaron sobre $400,000 durante un periodo de tiempo de 5 años. Dicha cifra representaba los ahorros de su vida.

La acusada, en numerosas ocasiones, aceptó depósitos de las víctimas, pero no depositó los fondos con Oriental Bank ni registró los recibos en el sistema de computadoras de Oriental Bank. En otras ocasiones, Cotto Ortiz sacó dinero de las cuentas de las víctimas sin su permiso o consentimiento.

Además, durante los periodos de tiempo relevantes, Cotto Ortiz, siendo empleada del banco, tomó dinero de la bóveda o el fondo operacional sin autorización del banco y en contra de la política del banco, haciendo entradas falsas en el registro general del banco para evitar que su robo fuera detectado.

En otro esfuerzos por ocultar su actividad criminal, y luego que la despidieran de su trabajo en febrero de 2012, Cotto Ortiz y su esposo Natanael Pacheco Martínez se encontraron con las víctimas y les dieron un cheque de $500 como un pago para calmarlos en aras de demorar la detección de su esquema.

“El comportamiento desconsiderado de aquellos que explotan nuestro sistema bancario y sus clientes para obtener ganancias personales y cometer crímenes no va a ser tolerado, dijo Rodríguez Vélez. “Nos preocupa en particular cuando se alega que exoficiales bancarios, que tuvieron posiciones de confianza en sus instituciones, han estado involucrados en actividades criminales. Vamos a continuar persiguiendo de manera agresiva a los oficiales bancarios y demás personas que conviertan en víctimas a las instituciones financieras y sus clientes de confianza”.

De ser encontrada culpable, Cotto Ortiz podría enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1,000,000 por cada cargo de fraude bancario, apropiación indebida y entrada de información falsa, y una pena máxima de hasta 5 años de prisión y multa por el cargo de  acceso a una computadora protegida sin autorización o excediendo sus permisos, y una sentencia mandatoria de dos años consecutivos por los cargos de robo de identidad agravados. Por la colaboración luego de los hechos, Pacheco Martínez se enfrenta a hasta la mitad de la pena estatuaria máxima que reciba Cotto Ortiz.

Las acusaciones solo contienen cargos y no son evidencia de culpabilidad. Todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.

Este caso está asignado a la fiscal asistente Susan Z. Jorgensen, de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción.