Para el presidente de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, Edgardo Román, los cuatro casos que desde el año pasado han sido certificados para que se imponga la pena de muerte evidencian las intenciones del gobierno federal de que se reinstale en la Isla ese castigo abolido hace 84 años.

Y Román afirmó que, aunque el gobernador Alejandro García Padilla se ha expresado públicamente en contra de la pena capital, cuando amplió a principios de año el acuerdo con las autoridades federales en el área de seguridad, se sumó a las razones por las que esos casos van en aumento en Puerto Rico.

Román dijo que la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte le ha solicitado dos reuniones al mandatario para discutir el tema, y no han obtenido respuesta. “Le queremos pedir que solicite una reunión cara a cara con (el secretario de Justicia federal) Eric Holder”, manifestó en entrevista con este medio.

García Padilla ha afirmado que “la pena de muerte no debe aplicarse bajo ninguna circunstancia”, y recientemente cursó una carta a Holder para solicitarle que no autorice a la fiscalía federal a pedir la pena capital por hechos ocurridos en Puerto Rico.

Sin embargo, en enero el gobernador extendió un acuerdo con las agencias federales a cargo de la seguridad y el orden que les permite procesar en esa jurisdicción ciertos incidentes violentos.

El memorando de entendimiento suscrito por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Procurador General de los Estados Unidos, entre otras cosas, permite procesar en el foro federal a imputados de algunos delitos violentos relacionados con drogas y armas. Esta iniciativa comenzó en el 2010 bajo el gobierno de Luis Fortuño.

Esta semana en el Tribunal Federal, en San Juan, se considera el caso de Xavier Jiménez Benceví, quien enfrenta una acusación de asesinato a una confidente federal y podría ser condenado a muerte.

La pena máxima fue abolida en el sistema de justicia local con la aprobación de la Ley 42 del 26 de abril de 1929. Posteriormente, la prohibición de aplicar ese castigo fue garantizada por la Constitución del Estado Libre Asociado.

Román afirmó que utilizar fondos públicos al destacar personal y dirigir recursos como parte del contrato con el gobierno federal violenta la disposición constitucional sobre la pena de muerte.

“Queremos decirle que ni este ni otro acuerdo con los federales signifique una excusa para imponer la pena de muerte”, subrayó el líder de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

“Su intención es no reunirse con nosotros y mantener el acuerdo con los federales, pero es contradictorio con lo que está haciendo”, añadió en referencia a la carta del primer ejecutivo al secretario de Justicia federal.