La senadora popular saliente Sila Mari González expresó hoy, martes, su preocupación en torno a la nominación del legislador novoprogresista José Emilio González a juez superior.

La legisladora recordó que, durante el pasado cuatrienio, tuvo grandes diferencias con González mientras éste presidía la Comisión senatorial de Ética, cuerpo en el que ella fungía como portavoz del Partido Popular Democrático (PPD).

“Tuve mis grandes diferencias en el caso de (el exsenador Jorge) de Castro Font y en otra serie de casos que se vieron allí y que yo estoy en total desacuerdo en como él los decidió. Creo que sus razones fueron político partidistas más allá de lo que era haber cumplido con su deber. Esas son cosas del pasado, pero son grandes preocupaciones que tengo en relación con su nombramiento”, dijo la legisladora popular en entrevista radial (Radio Isla 1320).

 Bajo la presidencia de José Emilio González, la Comisión de Ética sometió un informe que reveló serias discrepancias entre los ingresos de De Castro Font y su estilo de vida.

Sin embargo, pese a los hallazgos, no recomendó la expulsión del entonces senador y hoy convicto federal y estatal.

Mientras, la senadora popular reiteró su rechazo a la confirmación de la derrotada senadora Liza Fernández por sus actuaciones como presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes durante parte de este cuatrienio, particularmente el tratamiento dado al caso del representante estadista José Luis Rivera Guerra.

 “Para mí no hay manera que yo pueda aceptar el toallazo que la ahora jueza Liza Fernández le dio al entonces representante Rivera Guerra. Sencillamente, para mí, es impermisible y una persona que se presta para este tipo de cosas cuando ha sido una burla a la ley lo que cometió Rivera Guerra”, sostuvo.

Actualmente, Rivera Guerra enfrenta tres cargos graves de corrupción por violación a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Permisología por construir una piscina en su hogar de Aguadilla sin informarlo y por vivir en una residencia sin los debidos permisos de uso.

Estos hechos fueron evaluados previamente por la Comisión de Ética, que entonces era presidida por Fernández y la cual concluyó dar a Rivera Guerra solo una reprimenda pública y suspender el pago de su dieta por 10 días.

“Una persona que se presta para eso no tiene el temple y el carácter para poder ser juez”, sentenció.