La posibilidad de un acuerdo asomó hoy en el primer señalamiento de la vista preliminar que se sigue contra la compañía Bora Bora y sus presidentes Oscar Juelle Abello y Javier Juelle Abello.

Durante la audiencia, los abogados Joaquín Monserrate Matienzo y José Olmo Rodríguez; así como los fiscales Carlos Romo Aledo y Miguel Deynes Vargas, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, conversaron los detalles del caso ante estrado del juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan.

Luego en corte abierta, el juez informó que la vista se fijó para el 3 de junio a la 1:30 p.m.

"Si hay un acuerdo, ese día se toman las renuncias", apuntó.

El dúo enfrenta 36 cargos por evasión contributiva y apropiación ilegal de fondos públicos por dejar de remitir al Estado el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Una violación al Código de Rentas Internas conlleva una pena fija de ocho años en prisión, mientras que un cargo de apropiación ilegal agravada contempla una pena de 15 años.

Fuera de sala, el licenciado Monserrate Matienzo confirmó a este medio la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

"Sí, va a haber una conversación entre las partes", apuntó.

En rueda de prensa el día que se presentaron los cargos contra Bora Bora y sus presidentes, el designado secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, explicó que la agencia investigó la empresa desde el año 2009 hasta el 2012.

Esa pesquisa, según Miranda Rodríguez, reveló que la compañía llevó a cabo un esquema de apropiación ilegal de fondos públicos por alrededor de $1,270,000, que constituía casi dos terceras partes del IVU recaudado durante ese período.

"La radicación de estos cargos debe tomarse como un mensaje claro de que no vamos a permitir la evasión. El dinero con el que se quedan estos comercios no es de ellos, es del pueblo de Puerto Rico y la verdad es que esta práctica constituye un atropello contra los ciudadanos que sí cumplen con su obligación de pagar al Gobierno", expresó Miranda Rodríguez ese día.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, por su parte, indicó que refirió otros nueve casos al Departamento de Justicia, que representan para el erario público poco más de $8 millones.

También señaló que Hacienda mantiene sobre 100 investigaciones abiertas en el área de delitos contributivos para potenciales referidos a Justicia y que 40 de estos están en etapa avanzada para posible presentación de cargos.

Sin embargo, al día de hoy no se han sometido otros casos contra otras empresas o ciudadanos evasores.