El juez Anthony Cuevas, del Tribunal Superior de San Juan, citó a testificar a la comisionada del Negociado de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, este jueves, con relación a la demanda radicada por Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) en representación del teniente coronel Roberto Salvá López, para que se le restituya su rango de coronel.

El pasado 22 de noviembre, la organización radicó además un entredicho provisional y permanente para que no llene la vacante para el puesto de coronel y una sentencia declaratoria para que el Tribunal determine si Salvá López ostenta un derecho adquirido sobre el puesto de coronel.

El presidente de FUPO, Diego Figueroa, explicó que media hora antes de que se iniciara la vista, el Departamento de Justicia (DJ) radicó una moción solicitando la desestimación del caso alegando que no se agotaron los trámites administrativos ya que ese tipo de reclamación se debía hacer a través de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), alternativa que no se le ofreció al oficial cuando fue degradado. 

Sin embargo, contó Figueroa, que a pesar de que el juez les informó en sala que tras evaluar el caso y las leyes aplicables tenía una resolución, ante la solicitud de desestimación del DJ, concedió un período de cinco días para que sometan sus argumentos por los cuales consideran que el tribunal no deba retener la jurisdicción del caso y que lo refiera a CASP para que siga su curso.

El licenciado Michael Corona, abogado de Salvá López, le planteó que ya era tarde para ese remedio debido a que presuntamente se le habían violado derechos civiles a Salvá López, además señaló que CASP es un recurso ineficaz por el tiempo que tarda en adjudicar los casos. Existe un precedente de un caso de un policía en el que diez años más tarde, esa dependencia determinó que no tenía jurisdicción y lo refirió a otro foro. 

De su lado, el licenciado José F. Avilés Lamberty, reveló que antes de comenzar la vista el licenciado Orlando Maldonado Serrano, de la División Legal de la Policía, pretendió entregarle una carta al demandante en la que le notificaba a su vez que podía apelar a CASP. 

“Un abogado no puede notificarle porque eso un defecto en la notificación, en ningún sitio, no puede ser emplazado ni notificarle es un error, le corresponde a la Comisionada porque es superior en el rango. Eso es un error insubsanable, tratar de resolver el asunto con notificación tardía”, insistió Avilés Lamberty. 

De su lado, Figueroa, le advirtió a Hernández de Fraley que es la primera vez en la historia de la agencia que un juez cita a declarar a un Comisionado sobre un caso de ascenso y le advirtió que cuando se siente a declarar tendrá la oportunidad de revelar la verdad como se lo enseñaron en la academia militar de West Point. 

“Este caso la va a señalar como una mujer de principios e integridad o si la juzgará la historia como una gran mentirosa. Todo está en manos de ella, que declare la verdad. Ella va a estar ante uno de los mejores jueces del sistema judicial, ante un juez íntegro”, sostuvo Figueroa. 

De acuerdo a la relación de hechos, el 6 de octubre el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares ascendió a Salvá López, actual superintendente auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC) al rango de coronel, el único que está vacante mediante una recomendación de ascenso presentada por la Comisionada. 

Sorpresivamente, el 10 de noviembre, Rosselló Nevares, le envió una carta a la Comisionada de la policía titulada “Revocación Ascenso Tnte. Cor. Roberto Salvá López” en la que le informa su decisión de revocar el ascenso otorgado por presuntamente no cumplir con los requisitos establecidos por la Ley 53 y el Reglamento de Personal de la dependencia. 

En ningún momento el co-demandante recibió copia de la carta ni de la misma se desprende que estuviera dirigida a él. 

No es hasta el 15 de noviembre, que Hernández de Fraley, le envió una misiva a Salvá López informándole la decisión del Gobernador, sin explicarle a qué foro apelativo debía acudir, de acuerdo a las alegaciones del gremio.