El juez federal José A. Fusté pautó para el año que viene el juicio contra nueve acusados por el asesinato del teniente Osvaldo Albarati Casañas, ocurrido el 26 de febrero de 2013, cuando el oficial recién salía de trabajar del Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

El juicio estaba pautado originalmente para el 25 de enero de 2016, pero fue reseñalado para el 7 de septiembre del año que viene.

Los individuos, que podrían enfrentar la pena de muerte de ser certificado el caso por el Departamento de Justicia federal, fueron acusados por actuar en concierto y común acuerdo para planificar y financiar el asesinato del teniente del Departamento de Corrección Federal. 

El pliego acusatorio, emitido el 28 de enero por un gran jurado federal, es de seis cargos contra Oscar "Cali" Martínez Hernández; Ángel "Api" Ramos Cruz; Miguel "Bolo" Díaz Rivera; Juan "El Manco" Quiñones Meléndez; Orlando "Yogui" Mojica Rodríguez; y Jayson "Gonzo" Rodríguez González. 

Los demás acusados son Carlos "Cano" Rosado Rosado, Alexander "Coquí" Rosario de León, y Jancarlos "Jan" Velázquez Vázquez.

Albarati Casañas fue ultimado por gatilleros en el expreso José de Diego, a la altura del centro comercial Río Hondo, en Bayamón. 

La finalidad del asesinato, según la pesquisa federal, era detener las investigaciones que el teniente llevaba a cabo en MDC sobre contrabando de teléfonos celulares, donde se han pagado hasta $14,000 por la entrega de un solo aparato, de acuerdo con información recopilada por el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

La investigación del asesinato determinó que Martínez Hernández, Ramos Cruz y Díaz Rivera solicitaron la ayuda de otras personas y financiaron el plan para ultimar a Albarati Casañas. Mientras, Quiñones Meléndez y Mojica Rodríguez proporcionaron un vehículo, cuatro pistolas Glock .40 automáticas y un teléfono celular a los acusados Rodríguez González, Rosado Rosado y Rosario León para que cometieran el asesinato. En el caso de Velázquez Vázquez, trascendió que participó de la planificación del crimen.

Por el cargo de asesinar a un empleado de gobierno federal el grupo se expone a la pena capital. Por el asesinato de encargo, se exponen hasta cadena perpetua y la posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento conlleva una pena de 10 años de prisión, de ser encontrados culpable.

Todos los acusados están en instituciones penales en Estados Unidos y en MDC por otros casos.