El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la defensa del teniente Ángel Toro Hernández no se han puesto de acuerdo respecto a la cantidad de dinero que la agencia le debe pagar al empleado por concepto del salario y otros beneficios que dejó de devengar cuando estuvo destituido de su puesto.

Toro Hernández trabaja en el DCR desde 1987. Por razones que no divulgó, fue destituido en 2004, impugnó esa determinación y fue reinstalado en su cargo en 2010, luego de que la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) fallara a su favor. La CIPA también ordenó el pago de la remuneración dejada de recibir en ese periodo.

Marcos Marcucci, abogado de Toro Hernández, y la representante legal del DCR, Maricely Aponte, acordaron durante una reunión el pasado 2 de agosto, que la cantidad a pagar es $236,600.91.

No obstante, discrepan en torno a la cantidad que se le debe deducir como aportación al sistema de retiro. La agencia afirma que le aplica el 10% estipulado por la Ley de Retiro aprobada este año.

“La discrepancia es el por ciento (de aportación) que alega Corrección que tiene que retenerle a nuestro representado. Nosotros señalamos que es el que existía en ese momento, que es 8.275%”, expresó Marcucci este jueves, durante una vista encabezada por el juez superior Ángel R. Pagán Ocasio, en la Sala 904 del Tribunal de San Juan.

A preguntas del juez, Aponte expuso la postura del DCR.

“Nosotros solicitamos los $236 mil, que es la cantidad bruta, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de esa cantidad nosotros hacemos las deducciones correspondientes de acuerdo a la ley y a los reglamentos vigentes al momento del pago”, señaló la abogada de Corrección.

La cantidad neta que el DCR entiende debe pagarle al teniente Toro Hernández son $132,411.66, mientras el demandante dijo que “según el cálculo que me sacó mi contable son $159,168”.

Toro Hernández explicó que para sacar ese cálculo se basó en un documento que contiene una tabla con las deducciones que le correspondían, el cual Corrección emitió a petición suya, pero que no está firmado. La defensa del DCR lo ha objetado por ello.

El juez Pagán Ocasio les dio a las partes hasta el 16 de agosto entrante, para entregar un momorando de derecho en el que argumenten sus respectivas posturas.