Douglas A. Leff, jefe del FBI, confirmó a los medios que realizaron una orden de allanamiento en la División de Drogas, Narcóticos, Control Del Vicio y Armas Ilegales de Vega Baja. (ARCHIVO)  
La agencia federal investiga una división de la Uniformada tras allanamiento sospechoso contra comerciante.

Denuncias de hace un año por parte de un comerciante de la zona norte, quien alzó su voz contra acciones sospechosas realizadas por agentes de la División de Drogas, Narcóticos, Control Del Vicio y Armas Ilegales de Vega Baja, han provocado una investigación federal.


Al menos, concuerda que dicho grupo de operaciones de la policía de Vega Baja sí está bajo la lupa del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ya que sus oficinas fueron allanadas, el pasado mes de julio, por la agencia federal en busca de evidencia como parte de una investigación por denuncias de ciudadanos en relación a posible violación a derechos civiles e intervenciones de agente de esta unidad, según dio a conocer a los medios, Douglas A. Leff, jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan.

Durante la intervención del FBI el 19 de julio, Leff indicó que realizaron “una orden de allanamiento ordenado por un tribunal federal. Estamos buscando documentos y discos de computadora. Al terminar, se revisaría toda la evidencia con la fiscal federal. Recibimos mucha cooperación del Departamento de la Policía y es importante reconocer que toda la Policía que trabaja, en este precinto y en otras parte de Puerto Rico, que estamos aquí para ayudar a su meta y para ayudarles a ellos a servir y proteger el pueblo”, destacó del asunto que también dio a conocer que se relaciona, también, a casos de drogas y asuntos de corrupción “y estamos investigando para determinar si ese es el caso con este precinto”.

El incidente por el que el comerciante de productos naturales de Morovis realizó denuncias se remonta a abril del 2016, tiempo en el que el negociante estaba fuera del país junto su esposa. Por lo que el comerciante se entera del operativo al activarse las alarmas del negocio, además, recibe llamada de su técnico de seguridad, mientras que fue un integrante de su familia quien acudió al negocio sin obtener respuestas y encontró datos que no concuerdan.

Según se desprende del testimonio escrito del familiar, los oficiales de la mencionada división irrumpen en el negocio a raíz de una supuesta investigación, dirigida por el agente que se identificó como J. Jímenez y el Sargento Arnaldo Rosario Rosado el pasado 14 de abril, con una orden de allanamiento. En cuya copia indicaba, que estaba respaldada por una declaración jurada que expuso, que en el local se hallarían, supuestamente, sustancias controladas, específicamente marihuana, armas de fuego, juegos ilícitos de bolita y vicios.

En su irrupción en el local, que el comerciante había alquilado, se rompió propiedad, pero otros objetos fueron tomados por los agentes como una vídeo cámara de su sistema de seguridad, ubicada en un lugar clave de la estructura y que seguramente arrojaría evidencia fílmica de la acción que no produjo ningún artículo confiscados, según fue señalado en el documento legal.

El comerciante confirmó que desaparecieron unas monedas antiguas y $600 que guardaba para efectos de pago de renta.

De hecho, en sus declaraciones el comerciante indicó que el día de los hechos le pidió a su técnico del sistema de seguridad para que se personara al lugar mientras era llevado a cabo el allanamiento y recuperara la vídeo grabadora de seguridad y se lo enviara al abogado. Y que este solo se demoró 20 minutos en llegar al sitio y ya la cámara no estaba, solo quedaron los cables y los policías negaron que se la hubiesen llevado.

“Si el FBI llega a arrestar a esos agentes, entonces se toma una acción administrativa de separarlos de la agencia. Lo que sucede es que si ellos están en una investigación no podemos entrar en detalles de lo que esté haciendo la policía o determinaciones que se vallan a tomar hasta tanto ellos (FBI) no culmine la investigación”, explicó el agente Ramírez de la oficina de prensa.

A raíz del incidente, el comerciante acudió a la División de Drogas de Vaga Baja, donde al no recibir respuestas ni obtener su cámara de seguridad, llegó hasta el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Justicia (DJ) y entiende que su querella se sumó a otras que señalaban un proceder similar de este grupo.

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