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Brutalidad policiaca ratificada

06/20/2012 |
Betty Peña y su hija Elisa Ramos fueron agredidas por policías durante el motín del 30 de junio de 2010 frente al Capitolio. (Primera Hora / Andre Kang)  
El informe de la ACLU documenta con nombres los casos de uso excesivo de fuerza.

Una fotografía tomada a Betty Peña y a su hija Elisa Ramos el día que fue a rendir las planillas de su comunidad se convirtió en la imagen de portada de un informe que concluyó que la brutalidad policiaca está sembrada en la Uniformada.

La imagen, por supuesto, no tiene nada que ver con el Departamento de Hacienda. Es una mujer que, con su cuerpo, trata de proteger a su hija de los uniformados que se supone que las defienda.

Ayer, madre e hija participaron de la presentación del nefasto informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que determinó que la Policía de Puerto Rico viola constantemente los derechos constitucionales y humanos.

“Este informe es sustentable y corroborable”, afirmó el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, quien lamentó que el Gobierno nunca acepte que actúa incorrectamente.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, quien casualmente viajó a Washington D.C. el mismo día que se discutió el informe, indicó en entrevista radial que el documento era irresponsable y su contenido falso e incorrecto.

“Si algo correcto dijo el Superintendente, es que esto ocurre en todas las jurisdicciones... y, cuando ocurre, se toman medidas y hay indignación”, reiteró al observar el riesgo que implica no tomar acciones afirmativas.

El abogado de la ACLU Josué González criticó la reacción de negación y expuso que el estudio no es para poner en entredicho al Gobierno. “Se trata de documentar un problema. Los incidentes están ahí. Los incidentes pasaron. Está muriendo gente por esto”, dramatizó sin hacer referencia a las 21 muertes atribuidas a la Policía en un periodo de dos años.

Ramírez negó que el informe tenga una agenda política y aseguró que el Gobierno tuvo la oportunidad de responder y que las libertades civiles no son de izquierda. “Parece que la única persona que no sabe que esto está ocurriendo es la Policía de Puerto Rico, el jefe de la Policía que hoy lo niega”, expresó.

Acerca del monitor de la Policía que se nombró después del informe de Justicia federal que concluyó básicamente lo mismo que el de la ACLU, Ramírez dijo que fue un engaño.

Aunque aclaró que no todos los agentes responden al patrón de abuso policial, insistió en que tampoco son “manzanas podridas” porque es algo sistemático cuyo saneamiento, además, está sujeto al vaivén de jefes policiales.

“En los últimos ocho años, ¿cuántos superintendentes de la Policía hemos tenido? Siete. Quiere decir que Héctor Pesquera, que hoy, aunque obviamente no está en el ánimo de aceptar que hay problemas en la Policía de Puerto Rico, pero si lo tuviera y dice que va a tomar medidas, ¿qué garantías hay que en octubre él continúe siendo el Superintendente de la Policía? Llega otro con otra agenda”, expuso al mencionar la necesidad de una intervención judicial porque “no hay esperanza de que se haga voluntariamente”.

“Si no se acoge a un acuerdo supervisado por el tribunal, va a llegar al punto que se va a tener que presentar una demanda de Justicia a la Policía de Puerto Rico”, adelantó y afirmó que el informe no se limitará a su presentación. “Puede negarlo, pueden gritar, pero esto va a ocurrir. Aquí van a haber cambios”.

Precisamente, eso es lo que esperan Peña y su hija, quienes agradecieron que la ACLU saliera en defensa de los “pisoteados” y aseguraron que el informe vino a hacerle justicia a las personas atropelladas por la Policía.

“Eso no puede quedar impune y el pueblo no puede temer”, expresó la maestra, quien tiene fresco en su memoria los momentos de angustia que vivió frente al Capitolio el 30 de junio de 2010. “Jamás pensé que experimentaría una vivencia así junto a mi hija en un país democrático, jamás pensé que esto iba a ocurrir. Aquello fue horrible”, revivió la mujer mientras explicaba con detalles los eventos que precedieron el suceso que fue captado con cámaras fotográficas.

Su hija Elisa insistió, a dos años del incidente, que quienes fueron al Capitolio lo hicieron en actitud pasiva.

“Nosotros fuimos a recordarles que el pueblo tiene voz y voto y puede decir lo que piensa”, manifestó.

En el momento en que sintió el golpe en la cabeza y perdió brevemente el conocimiento, la joven creyó que iba a morir. “Fue un leve desmayo y sentí que me estaba asfixiando”, recordó.

A los agentes de la Policía no les teme, aunque sí a quienes los supervisan. “Ellos son unas víctimas”, dijo sobre los uniformados, algunos de los cuales les han enviado apoyo de solidaridad a través de Facebook.

Aunque podría parecer que el informe de la ACLU es el final de un proceso, su directiva señaló que ahora es que empieza. Sobre la mesa está la posibilidad de un litigio y la certeza de cabildeo legislativo en el Congreso. “Si el Gobierno federal no hace lo propio, pues entonces nosotros vamos a tener que hacerlo. Esto no se va a quedar en ningún anaquel”, afirmó Ramírez.