Los representantes legales de una exejecutiva de Doral y un contratista implicados en una conspiración para defraudar la institución bancaria por $2,350,000, podrían solicitar órdenes para intervenir con las direcciones de correo electrónico de otros ciudadanos que mantuvieron una comunicación con los acusados. 

El defensor público Víctor J. Gonzalez-Bothwell, abogado de la exvicepresidenta de Propiedades de Doral, Annelise Figueroa, pidió información relacionada con otras cuentas de e-mail ante la posibilidad que se pueda obtener evidencia exculpatoria de las comunicaciones, mientras que la abogada Melanie Carrillo Jiménez, quien defiende al empresario Rolando Rivera Solís, secundó la petición durante una vista celebrada ante el juez federal Gustavo Gelpí. 

“Estamos en desacuerdo, su señoría. A la defensa sí le interesa esta prueba. Recordamos, además, que la Fiscalía Federal también tiene el deber de buscar evidencia exculpatoria”, sostuvo González-Bothwell al objetar la posición que asumieron las autoridades al limitar los correos electrónicos incautados a los dos acusados.

Las autoridades alegan que los imputados actuaron en mutuo acuerdo para sobrefacturar los servicios de limpieza de una compañía que Rivera Solís controlaba y operaba a través de un tercero, quien no enfrenta ninguna acusación federal.

Un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra los acusados en febrero de 2015, impuntádole los delitos de fraude bancario, lavado de instrumentos monetarios y apropiación indebida o malversación de dinero.

 Pero, posteriormente, la acusación fue enmendada para añadir cargos adicionales de lavado de dinero contra el contratista y para establecer cómo el acusado incorporó su compañía a través de otro ciudadano que asumió la presidencia de la compañía.

Figueroa y Rivera Solís se encuentran en la libre comunidad luego de pagar una fianza ascendente a $100,000 y $250,000, respectivamente.