El Tribunal Supremo acogió hoy, martes, una petición del fiscal especial independiente (FEI), Guillermo Garau, para revisar una resolución del Tribunal de Apelaciones, que concedió una fianza en apelación al convicto exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín.

En la resolución de una página, el Tribunal Supremo declaró ha lugar una solicitud en auxilio de jurisdicción y concedió cinco días a los abogados de Arlequín "para que muestre causa por la cual no se deba revocar la Resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones el 19 de enero de 2016".

La resolución consignó que el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón declararía no ha lugar ambas peticiones del FEI.

"El efecto de esa resolución es que hay un 95% a un 99% de probabilidad de que el Supremo va a revocar la resolución y de que (Arlequín) tenga que ingresar nuevamente a prisión, en lo que se ve su apelación", apuntó Garau a este medio sobre el alcance de la decisión del máximo foro judicial del país. 

El pasado 17 de diciembre, el juez Carlos Salgado Schwarz, del Tribunal de Ponce, encontró culpable al entonces suspendido alcalde por una violación a la Ley de Ética Gubernamental por usar las facultades del cargo para obtener un beneficio ilegal y por un cargo menos grave de acoso sexual contra una empleada municipal.

Como resultado de esta convicción, ordenó su ingreso inmediato al Complejo Correccional de Ponce, después de sentenciarlo a cuatro años de cárcel por la violación de la Ley de Ética y seis meses por el cargo de acoso sexual. Ambas penas se extinguirán de forma concurrente.

Los abogados de Arlequín, Carlos Padilla y Carlos García, presentaron sin éxito una petición de fianza en apelación a nivel de primera instancia.

Luego acudieron al Tribunal de Apelaciones, que denegó la petición, pero posteriormente otro panel de jueces -en reconsideración- concedió la fianza en apelación, que ahora busca revertir el FEI.

A tenor con esta determinación del foro intermedio, el juez Salgado Schwarz impuso una fianza de $100,000 al convicto exalcalde del Partido Popular Democrático y ordenó que permaneciera bajo restricción domiciliaria con supervisión electrónica hasta que culminara el proceso de apelación.