Cancelan programa que enviaba confinados a Oklahoma

Por Alex Figueroa Cancel 05/10/2013 |12:27 p.m.
Actualmente hay 12,117 confinados adultos en las cárceles, aunque hay un total de 22,897 personas cumpliendo diferentes tipos de sentencias en dependencias bajo la sombrilla del DCR.
La población es relativamente joven, con 33 años como edad promedio, y más del 60% se encontraba desempleado al momento de ser arrestado, mientras que más del 85% son usuarios de sustancias controladas. (Archivo)  

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) canceló el programa de envío de confinados a cárceles del estado de Oklahoma (EE.UU.) iniciado bajo la pasada administración gubernamental de Luis Fortuño.

Durante las vistas de presupuesto en la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, el secretario del DCR, José Negrón Fernández, dijo que la cancelación responde a la necesidad de atender el déficit de $5 millones que encontró en la agencia cuando llegó en enero pasado.

Negrón Fernández, quien espera balancear al final del año fiscal su presupuesto, dijo que este sábado se completará el regreso de los confinados que estaban en Oklahoma".

El último grupo de confinados enviados a Oklahoma salió en marzo de 2012, cuando el entonces secretario del DRC, Jesús González, dijo que el programa no sólo representaba una mejor oportunidad de rehabilitación de los participantes, sino que representaba un ahorro de $4 a $5 millones por año.

Sin embargo, Negrón Fernández indicó en la vista pública que la iniciativa costaba $9.1 millones anuales. Debido a que sus espacios ya estaban presupuestados en Puerto Rico, traerlos significa gastar $1.5 millones menos.

De todas formas, el funcionario defendió un presupuesto levemente mayor al que termina el 30 de junio próximo, con una recomendación de $524,2 millones, para atender necesidades inmediatas, como la obligación de pago de bonos.

También espera reducir el gasto en horas extras cuando termine de reclutar empleados. Señaló que tiene un "déficit de 1,000" oficiales de custodia, aunque puntualizó que la seguridad en los penales no se ha perjudicado, precisamente porque hay personal "doblando turnos".

Además, espera no tener que pagarle $3,8 millones que supuestamente le debe a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Explicó que están en proceso de revisión porque alegadamente se le sobre estimó y hubo pagos no acreditados tras la consolidación de varias agencias bajo el DCR.

Sospecha que en esa misma situación está la deuda de $1,2 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero anticipó algunas iniciativas de energía renovable que espera ver traducidos en ahorros a la agencia.

El también exjuez aclaró que la deuda principal del DCR, de $27,7 millones correspondiente a una demanda adjudicada por un tribunal federal por pago de horas extras entre el 2003 y 2006, no se contempla en el presupuesto de la agencia, pues se pagará en cuatro plazos a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Negrón Fernández volvió a advertir que el gobierno tendrá que enfrentar un aumento significativo en los gastos operacionales debido a las proyecciones de que las cárceles se quedarían sin cupo para el año 2016, cuando llegarían a los 16,000 confinados.

"Esa proyección corresponde a las penas que impone el Código Penal de 2011. Lo que vamos a ver es si la Legislatura hace revisión de esas penas. Eso les corresponde a ellos. De no ser así, pues tenemos que comenzar a planificar lo que vamos a hacer con el espacio", dijo en un aparte con este medio Negrón Fernández, al admitir la posibilidad de nuevas cárceles o expansión de complejos existentes.

En su ponencia expresó que "ha aumentado en 5% los confinados de custodia máxima, lo que crea un problema de distribución de la población confinada, pues aunque al presente tenemos espacios suficientes, la población de máxima seguridad tiene características que nos obliga… a evaluar alternativas en cuanto a la capacidad del sistema".

Otra propuesta que se ha contemplado es la construcción de una nueva cárcel de mujeres para sustituir la existente en Vega Alta, que es el penal más antiguo en uso en Puerto Rico, y declarado como inadecuado para la población que atiende. Este plan, según Negrón Fernández, no está en el presupuesto actualmente porque de construirse, se haría mediante una Alianza Público Privada.

 En estos momentos, hay 12,117 confinados adultos en las cárceles, aunque hay total de 22,897 personas cumpliendo diferentes tipos de sentencias en dependencias bajo la sombrilla del DCR.

En la audiencia, Negrón Fernández también presentó cifras sobre el perfil de los confinados del país, al decir que la población es relativamente joven, con 33 años como edad promedio, y más del 60% se encontraba desempleado al momento de ser arrestado, y más del 85% son usuarios de sustancias controladas.

Agregó que más del 80% de los detenidos en instituciones juveniles consume sustancias controladas y sobre el 70% son desertores escolares, mientras que casi la mitad, un 48.5% "ha sido objeto de algún tipo de maltrato".