Un gran jurado federal acusó a Jorge L. Pagán Kortright, propietario de las compañías Allied Worldwide Distributors, All Wheel Drive Corp y AWD Group Inc., y que hacía negocios bajo el nombre de El Torito USA, Inc., por varios cargos de fraude y por introducir medicamentos con etiquetas falsas en el mercado interestatal.

Así lo informó hoy en comunicado de prensa la jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

La pesquisa estuvo a cargo de la oficina de investigaciones criminales de la Administración de Alimentos y Drogas federal (FDA, por sus siglas en inglés).

Los cargos son de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y fraude al Servicio Postal.

La acusación indica que el imputado, con la intención de defraudar o engañar, vendió los medicamentos con etiquetas de “El Torito Plus 1000 mg”, ‘El Torito Xtreme 500 mg” y “El Torito Black Bull Power 500 mg”.

"La etiqueta de cada medicamento era falso o engañoso", indica el comunicado de la fiscalía federal.

Los medicamentos fueron vendidos en la página de Internet de El Torito, así como en Amazon.com, eBay.com y varias estaciones de gasolina en Puerto Rico.

De acuerdo con la fiscalía, estos medicamentos eran cápsulas y pastillas, que se vendieron sin receta y por Internet, estaban etiquetados y mercadeados como suplementos dietéticos y potenciadores sexuales "100% naturales".

Añaden las autoridades que estaban marcados como "suplementos para hombres y mujeres para ayudar alcanzar una duradera experiencia sexual placentera con ingredientes naturales". De hecho, las pastillas tenían ingredientes activos en medicamentos como Viagra y Cialis, y sus análogos sintéticos, incluyendo desmethyl-carbodenafil y dithiodesmethyl-carbodenafil.

También señaló que sildenafil y tadalafil son ingredientes activos aprobados por la FDA, pero son medicamentos para los que se necesita receta de un profesional de la salud licenciado para administrarla, debido a su nivel tóxico y posibles efectos dañinos.

Estos ingredientes no estaban declarados y pueden reaccionar con nitratos que se encuentran en otros medicamentos y pueden provocar baja presión sanguínea a niveles peligrosos para personas con diabetes, alta presión, colesterol alto y enfermedades del corazón.

La fiscalía federal alega que el acusado conspiró para enriquecerse ilegalmente "al hacer creer a los consumidores que estaban comprando suplementos dietéticos y potenciadores '100% naturales', cuando en realidad estaban vendiendo medicamentos etiquetados fraudulentamente para los que se necesita receta médica".

Parte de la evidencia incluye mensajes electrónicos (e-mails) enviados a fabricantes, distribuidores y otros para adelantar el esquema de fraude.

Por ejemplo, según la fiscalía federal, uno de esos mensajes enviados por un distribuidor de El Torito a la dirección lttcards@gmail.com bajo el nombre de "Jorge Pagán" que leía: "Necesitas cambiar las fotos de la caja china de Torito en la página en la red (en Internet) porque el sheriff probablemente va a buscar información en la página y yo les dije que el Torito se hacía en Estados Unidos y les mostré una caja sin las letras chinas".

Otra comunicación enviada a la misma dirección indica: "Solo preocupado sobre mi inversión y la pérdida de dinero si las autoridades encuentran ingredientes controladas. La autoridad solo se van a involucrar cuando las grandes compañías farmacéuticas la presionen porque están perdiendo ventas con este producto".

El comunicado también cita: "Si el producto del señor Wang entra en problemas, todo lo que tiene que hacer es enviarme la caja de un nombre nuevo y solo cambiar el estilo del empaque de la cápsula en el blíster y podemos hacer esto por diez años. Las autoridades serán engañadas todo el tiempo".

Como parte del esquema para cometer fraude postal, los acusados establecieron un buzón autorizado para la correspondencia, a donde el Servicio Postal de Estados Unidos enviaba y recogía numerosos productos El Torito.

"Las autoridades no fueron engañadas por estos criminales que ahora están en custodia federal", dijo Rodríguez Vélez. "La ley requiere que los medicamentos sean producidos y etiquetados bajo los estándares de calidad más rigurosos".

"El arresto de hoy demuestra que no vamos a tolerar los criminales que se involucran en esquemas fraudulentos para enriquecerse sin considerar cómo sus acciones puedan afectar la salud y el bienestar de otros", agregó.

De ser encontrado culpable, el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión.

En la investigación también participó la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de Guayama y el Departamento de Hacienda.