Caso de víctimas de impericia médica: Pasarán juicio sobre demanda

10/06/2012 |
El juez federal Daniel Domínguez denegó ayer el pedido del contralor electoral, Manuel Torres, para que desestimara la demanda de los miembros de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica. (Archivo)  
Juez federal Daniel Domínguez verá el recurso de las víctimas de negliencia médica porque acción del contralor podría repetirse.

Se verá en el Tribunal Federal la demanda de las víctimas de impericia médica contra el contralor electoral, pese a que este retiró temporalmente una orden que les prohibía a los medios de comunicación difundir dos anuncios en los que se criticaba al gobernador Luis Fortuño.

El juez federal Daniel Domínguez denegó ayer el pedido del contralor electoral, Manuel Torres, para que desestimara la demanda que los miembros de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM) radicaron acusándolo de haberles violado su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Ante la posibilidad de que el contralor vuelva a detener la difusión de los anuncios, el juez determinó que lo que procede es considerar la demanda en su fondo.

“La demanda sigue… Hemos pasado la pelota por el centro del plato”, reaccionó el asesor legal de la Asociación, Rafael García Rodón, quien explicó que el magistrado coincidió con ellos en que el contralor podría incurrir de nuevo en la conducta cuestionada, la de vedar los anuncios.

Aunque la AVIM tiene el visto bueno para volver a pautar sus cuñas, Torres había advertido que continúa investigando al organismo, a los fines de determinar si este viene obligado a registrarse ante su oficina como un comité de acción política, por estar pautando anuncios electorales.

En la determinación de ayer, el juez Domínguez cita jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que sostiene que el cese de una conducta alegadamente ilegal no priva a un tribunal de su poder de ver un caso en su fondo.

El juez desestimó, por académico, el interdicto preliminar solicitado por la Asociación para que se le permitiera anunciarse de inmediato.

En su demanda, las víctimas de impericia médica alegan que el contralor electoral incurrió en censura previa, conducta que violenta uno de los derechos más sagrados de la democracia: el derecho a la libre expresión.

Aducen que el contralor violó también su derecho a asociarse y al debido proceso de ley, ambos también salvaguardados por la Constitución de EE.UU.

El grupo cuestionó incluso la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas, estatuto que usó el contralor para evaluar si la AVIM viene obligada a registrarse como comité con intereses partidistas.

Frente a la presión creada por la opinión pública, el pasado miércoles Torres detuvo la orden que les había impartido a los medios de comunicación para que no pasaran los anuncios de las víctimas de impericia.

La orden original de Manuel Torres se da luego de este recibir tres querellas radicadas por dos médicos y un abogado con contratos en el Gobierno; este último, Rafael Fabre Carrasquillo, también con vínculos con el Partido Nuevo Progresista.

La disputa se centra en un reglamento de Salud que limita las compensaciones por impericia a un máximo de $75,000 en los centros de trauma.