Caso mucama: Ven movidas raras en cuentas del ex juez - VÍDEO

01/09/2013 | 00:00 a.m.
Aida de los Santos coincidió brevemente en el pasillo con la jueza del caso, Eloína Torres Cancel. (ana.abruna@gfrmedia.com)  
Los abogados de Aida de los Santos quieren ver los archivos financieros de Irizarry Yunqué.

Detectives. Pago a testigos. Información que se mantiene guardada.

Como si se tratara del capítulo de una telenovela, ayer trascendió que el ex juez del Tribunal Supremo Carlos Irizarry Yunqué contrató a un detective privado poco antes del asesinato de su esposa, Georgina Ortiz Ortiz.

En lo que debía ser una vista rutinaria sobre el estado del caso en contra de Aida de los Santos Pineda, empleada doméstica del matrimonio –y hasta ahora la única sospechosa identificada– también salió a relucir que el ex juez le habría hecho pagos en cheque a dos de los que ahora figuran como testigos de la fiscalía.

Por ello, la defensa pidió  ante la jueza Eloína Torres Cancel, del Centro Judicial de San Juan, acceso a los archivos de Irizarry Yunqué en los que se encuentran, entre otras cosas, sus estados financieros.

En la vista  no se explicaron las razones para la contratación del  detective privado ni la fecha exacta. Tampoco se especificó la cantidad que habría pagado el ex juez –ni por qué– a los dos  empleados del edificio donde ocurrieron los hechos el 17 de octubre de 2010.

Los abogados de la acusada, Aarón Fernández y Lucille Borges, argumentaron que era necesario examinar la información que está registrada en una de las computadoras ocupadas en la casa de la pareja para establecer otros supuestos retiros inusuales de dinero por parte del también ex profesor previos al crimen, ya que esto arrojaría luz sobre las motivaciones.

En una argumentación entre las partes que de inmediato se volvió tensa, la jueza zanjó otorgándole a la defensa cinco días para exponer su petición y sus argumentos por escrito y para que la fiscal Elba Acevedo conteste, para entonces decidir si es pertinente la entrega de los archivos o no.

Durante la vista, llamó la atención el hecho de que el aún procurador general, Obdulio Meléndez, estuvo a cargo de la pesquisa durante un periodo. Torres Cancel ordenó que el funcionario entregue todas sus anotaciones y documentos relacionados con el caso si es que todavía conserva alguno. 

Por otro lado, los abogados se quejaron de que del total de 55 declaraciones juradas tomadas como parte de la pesquisa, la defensa solo les ha entregado 17. Faltarían 38 declaraciones de personas que la fiscalía ya habría descartado como testigos, incluyendo al propio Irizarry Yunqué, su hija Lida Irizarry y uno de los vecinos Frank Fontánez.

 “El problema de esto es que si no nos entregan las declaraciones de estas personas, que no van a subirse al estrado a verter su testimonio, entonces lo que dijeron durante la investigación, lo que vieron y lo que saben quizás nunca se sepa”, señaló Fernández a Primera Hora.

Los abogados entienden que hay información que beneficia a la acusada.

El asunto también quedó pendiente para que la jueza decida si se deben entregar las declaraciones o no.

Borges apuntó además en sala que el Albergue de Víctimas y Testigos, donde De los Santos estuvo refugiada varias semanas tras el asesinato, es la única dependencia gubernamental que ha ignorado la orden de la jueza de entregar información y expedientes. Torres Cancel ordenó de inmediato citar al encargado para el 24 de enero y que explique el porqué de su incumplimiento.

Asimismo, los abogados se quejaron de que una funcionaria del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que precisamente ayer se reportó enferma, no ha cumplido cabalmente con la orden del tribunal sobre el acceso a información.

La funcionaria, identificada como Julia Hernández, también tendrá que comparecer el 24 de enero ante el tribunal con respecto a las dudas que hay con unas piezas de evidencia.

“Nosotros hemos identificado (a) más de 15 testigos entrevistados (por el Ministerio Público) que no son testigos y de (esas entrevistas) surge la prueba que favorece a la imputada”, dijo Borges  fuera de sala.

“Estamos analizando lo que puede ser la presentación de una moción  de desestimación por ocultación de las piezas de evidencia, lo estamos determinando”, agregó.

El inicio del juicio está pautado para el 25 de febrero.


El viejo problema de los ascensores

Una vez culminada la vista, sucedió algo que está empezando a dejar de ser insólito: la jueza Torres Cancel salió de su sala por el pasillo principal y tuvo que usar los ascensores del público general porque el de los jueces continúa dañado, se informó.

Pero en lo que esperaba por el ascensor que la transportaría, alguaciles del tribunal escoltaban a la acusada que salió por uno de los pasillos donde están los bancos para sentarse y los baños públicos. Por unos instantes, ambas estuvieron a solo pasos de distancia. Las dos mujeres iban escoltadas.

El 20 de diciembre se han registrado los desperfectos en los ascensores de los jueces y  de los confinados, lo que provocó tardanzas en el inicio de los procedimientos legales del día.

Los seis ascensores públicos nunca funcionan de forma armoniosa. Siempre hay una máquina fuera de servicio y otra actuando de forma errática. Es normal montarse en un ascensor cuyas puertas no cierran completamente y observar a un empleado o una empleada utilizar una técnica novedosa para ajustar las puertas y lograr que el aparato se mueva.

También son comunes las historias de terror de los empleados y ciudadanos que han quedado atrapados durante horas.

Cronología

Estos son los  hechos destacados en el caso.

17 de agosto de 2010

 Asesinan a Georgina Ortiz Ortiz, esposa del ex juez del Tribunal Supremo Carlos Irizarry Yunqué, en su apartamento en Condado. Detienen a Aida de los Santos, mucama de la pareja.

18 de agosto de 2010

 Liberan a De los Santos y se convierte en única testigo. 

6 de Octubre de 2010

 Se informa que De los Santos intentó suicidarse cuando estaba en el Albergue de Víctimas y Testigos. La trasladan a un hospital. La mujer dice a sus allegados que intentaron matarla. 

12 de octubre de 2010

 Hijo de la víctima José Palau se reúne con Irizarry Yunqué y le plantea contratar a un investigador privado, pero este se niega.

19 de enero de  2011

 La mucama sale “voluntariamente” del país, aunque era la única testigo del caso.

Verano de  2012

 Incautan el carro del ex juez.

12 de septiembre de  2012

 Radican cargos en ausencia contra la mucama y le imponen fianza de $1.2 millones. La denuncia establece que cometió el crimen “en común y mutuo acuerdo” con otra persona, pero no se acusa a nadie más.

 26 de septiembre de 2012

 De los Santos se entrega voluntariamente a las autoridades y regresa a la Isla, según ella, para probar su inocencia.

1 de noviembre de 2012

 Hallan causa para juicio por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. El tercer cargo por destrucción de evidencia no prosperó.