El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó ayer 13 cargos criminales contra la exsenadora popular Mari Tere González.

La jueza Geisa Marrero Martínez, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, halló causa para el arresto de González por varios cargos de violación al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental que estipula que "un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley".

Además, se le imputaron otros cargos por violación a los artículos del Código Penal 212, por falsedad ideológica, 217, por posesión y  traspaso de documentos falsificados y el 269 por perjurio.

El tribunal le impuso una fianza de $5,000.00 en cada uno de los cargos presentados para un total de $65,000, la cual prestó.

Esta tarde, al salir del tribunal, la exlegisladora expresó al programa Lo sé todo (Wapa) estar "tranquila" y "agradecida" por el apoyo de su familia.  "Primero, estoy con Dios, mi familia, estoy muy tranquila en ese aspecto", dijo. "Yo no he violado la ley, así que tengo mi frente en alto y el que me conoce bien está conmigo en esta etapa. Es parte de un proceso", añadió. A preguntas del programa sobre si lamentaba haber entrado al ámbito político, prefirió callar. "Prefiero guardar silencio. Es bien importante permanecer en silencio y aguardar por el proceso".

Las acusaciones vienen como secuela del caso federal por corrupción gubernamental contra el exrecaudador del Partido Popular Democrático Anaudi Hernández, quien se declaró culpable por un esquema de soborno en varias agencias del gobierno. Durante el juicio federal, salió a relucir la estrecha relación de amistad entre Hernández y González y hasta se presentaron mensajes de texto que se intercambiaron ambos.

La exlegisladora fue sentada en la silla de los testigos y cuando fue abordada sobre detalles sobre donativos a su campaña, se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no autoincriminarse al ser cuestionada sobre una donación de $2,000 que recibió de Hernández.

Tras la situación, la exsenadora renunció a su candidatura a la reelección por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, pero se mantuvo ocupando su silla hasta diciembre pasado.

La vista preliminar se señaló para el 20 de marzo de 2017.

Se expresa el presidente del PPD

"Siempre he creído firmemente en que las leyes deben aplicarles a todos por igual, sin distinción. Estando en posiciones de responsabilidad pública, debemos medirnos y actuar conforme a, una vara más alta. El Partido Popular Democrático (PPD) tiene que ser reflejo, hoy y en el futuro, de esos valores", comunicó por escrito Héctor Ferrer, presidente del PPD.

"El proceso que ahora comienza contra la exsenadora Mari Tere González debe seguir su curso. La presunción de inocencia y las garantías procesales de nuestro sistema penal protegerán sus derechos como ciudadana. Como servidora pública, sin embargo, el desenlace de este proceso debe servir como nota cautelar para todo el que pretenda abusar de la confianza que el pueblo de Puerto Rico deposita en sus funcionarios electos. El país espera más de nosotros; nos toca restablecer la confianza de la gente en sus instituciones", sentenció.