Dos jueces de la Sala de Investigaciones de San Juan encontraron causa para arresto hoy contra un médico y dos comerciantes, imputados de tres modalidades de evasión: ocultar ingresos en las planillas contributivas, no remitir recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y retención patronal del dinero de empleados que se utiliza para el pago de reintegros.

La radicación de los casos fue anunciada esta misma tarde por los secretarios de Justicia, César Miranda, y de Hacienda, Juan Zaragoza, quienes informaron que los imputados son: el oftalmólogo del área oeste, Roberto F. García Morales, el presidente del restaurante Taco Maker Los Colobos, en Carolina, Pedro Bigay Silva y el empresario de Barceloneta, Juan Oliveras Ortiz, propietario de Instrumentation Corps Inc.

Los tres imputados se allanaron a la determinación de causa y se les impuso una fianza $1,000 en cada uno de los cargos que les radicaron, unos por violación al Código de Rentas Internas y otros, por apropiación ilegal agravada.

La vista preliminar quedó señalada para el 7 de abril entrante. La jueza Evyanne Mary Mártir Hernández vio los casos de García Morales y de Bigay Silva. El juez, Rafael Jiménez Rivera atendió el caso de Oliveras Ortiz.

En las denuncias se alega que los imputados no remitieron a Hacienda pagos por aproximadamente $2.1 millones en deuda directa, lo que asciende a más de $4,700,000 con intereses y penalidades por fraude.

El Titular de Justicia rechazó que la radicación de los casos sea “una cacería de brujas” y que guarde relación con la campaña que ha utilizado el Gobierno de que la propuesta reforma contributiva busca combatir la evasión contributiva. “Estamos radicando contra quien hay que radicar, cualquier persona que deje de pagar independientemente de que sea médico abogado o sea quien sea”, indicó.

De hecho, el jefe de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel, dijo que la agencia investiga otros 16 casos de evasión del IVU.

Miranda dijo que el caso del médico era el “más llamativo” porque entre 2009 a 2012, no reportó ingresos que le entregaban los planes de salud por alrededor de $6.5 millones. “Actualmente acumula una deuda de $1,923,252 por concepto de las contribuciones que ilegalmente le ha dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico. Esa cifra, junto a los intereses y penalidades por fraude, podría ascender a $4.7 millones”, explicó Miranda en conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia, en Miramar.

En cuanto a Bigay Silva, se alega que el comerciante no remitió a Hacienda el pago de las contribuciones del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), correspondientes a los años de 2009 al 2012, lo que equivale a una apropiación ilegal de fondos públicos por la suma de $58,185. 

Se alega que el 2009 el negocio recaudó unos $10,671 por concepto del IVU, pero sólo envió $6.00 a Hacienda; en 2010, el recaudo fue de $21,127 y envió, $12.00. En 2011, la suma recaudada fue por $21,134 y sólo llegaron a Hacienda $12.00 y en 2012, la empresa recaudó $5,993, mientras, remitió sólo $4.00 a Hacienda.

Al otro comerciante, Oliveras Ortiz, se le imputa apropiarse de $101.972.43 de sus empleados, por concepto de los impuestos retenidos de los salarios de sus empleados, entre 2011 a 2013.

“Estamos extremadamente satisfechos con este esfuerzo en combatir ese cáncer que es la evasión que atenta contra los principios democráticos. Lo importante de vivir en una sociedad es aportar para el bien común”, dijo por su parte, el secretario de Hacienda.

Los tres casos fueron referidos a Justicia por el Departamento de Hacienda.