La directora del Centro de Cómputos del Municipio de Guaynabo, Carmen Puig Marce, entrentará juicio por cargos relacionados al fraude primarista en esa ciudad.

La jueza superior, Janet Perea, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, le determinó hoy, martes, causa probable en un cargo de perjurio y otro de falsedad ideológica.

La magistrada le desestimó un tercer cargo de archivo de documentos falsos.

El juicio quedó señalado para el 7 de mayo y la lectura de acusación será el 14 del mes en curso.

La vista preliminar comenzó el 31 de marzo pasado con el testimonio del secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Walter Vélez.

Hoy, en la continuación de la vista preliminar, declaró Diana Rodríguez Torres, una funcionaria de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) a la que se alega que Puig Marce acudió para hacer la transferencia electoral.

También prestó testimonio Margarita Lugo, dueña de una residencia en Villas de Torrimar que tiene los números invertidos de la dirección que supuestamente dio la acusada al hacer la transferencia.

En este caso el fiscal, Edmanuel Santiago Quiles, dijo que no se sometió el cargo de apropiación ilegal de identidad "porque la dirección es falsa y no existe".

El fiscal indicó que llevó a la testigo "para despejar dudas de que la Junta de Inscripción hubiera invertido por error los números".

Lugo declaró que no conoce a Puig Marce y que no la autorizó a utilizar su dirección.

Puig Marce estuvo representada por los abogados Alexis Acevedo y Eduardo Otero.

Además de Santiago Quiles, integraron el Ministerio Público los fiscales Lorraine Pietri, Edwin Ortiz y Miguel López, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

Otros cuatro casos de acusados por el fraude primarista, que están pendiente de juicio tuvieron este martes vista sobre el estado de los procedimientos.

Aunque este caso está ante el juez Julio de la Rosa Rivé, fue atendido por la jueza Vivian Diureaux.

Los acusados son: Clara I. Vázquez Serrano, David Figueroa Almodovar, Juan E. Correa Plata y José A. Hernández Rondón.

En el caso de Correa Plata, la defensa acudió al Tribunal de Apelaciones para que el foro intermedio revise la decisión del juez superior Eduardo Rebollo Casalduc, quien declaró no ha lugar una solicitud de desestimación de los cargos que pesan contra el acusado y la supresión de la identificación de éste.

En cuanto a Vázquez Serrano, su abogada, Ana Quintero pidió el lunes una reconsideración al juez Rebollo Casalduc sobre el fallo.

Para estos cuatro acusados, se señaló otra vista sobre el estado de los procedimientos para el 24 de abril.