El Tribunal Supremo resolvió que la exjefa de la Oficina de Administración de Tribunales, Sonia Ivette Vélez, incumplió los cánones de ética de abogacía cuando en enero de 2012 decidió que correspondía abrir una pesquisa sobre todos los jueces de ese máximo foro judicial.

En su resolución concluyen los jueces que Vélez se excedió en sus funciones y “arrojó una inmerecida sombra de sospecha y puso en duda la honorabilidad e integridad” sobre ellos.

“Se censura enérgicamente a la licenciada Vélez Colón”, reza la resolución.

Explican los jueces que la pesquisa que ordenó Vélez no fue una acción “inofensiva” y que surgió tras denuncias de supuesta mala utilización de personal, propiedad y fondos públicos por parte del exjuez presidente Federico Hernández Denton.

Mientras, en un voto particular de conformidad emitido por los jueces Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García ambos lamentan que “sin justificación alguna se esperó más de cuatro años para referir la queja” a la Oficina de la Procuradora General.

Por su parte, la actual jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez dijo que se oponía a la conclusión de la mayoría y que no podía guardar silencio por entender que se era coaccionar abogados “que realicen actos o expresen posturas con las cuales personalmente discrepamos”.

Reiteró que al juramentar al cargo que ocupa dijo que los jueces no debían temer cuestionamientos a su labor, sino estar abiertos a críticas constructivas. 

“Porque estoy convencida que la censura no es el mecanismo para atender esa crisis y porque, por el contrario, estas actuaciones de abuso de poder agudizan la crisis, disiento enérgicamente”, afirmó.