La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte informó hoy mediante comunicado de prensa que hay 20 personas acusadas de delitos federales en Puerto Rico son elegibles a la pena capital.

“Se trata de un número elevado de casos elegibles a pena capital, lo que constituye nuestra primera preocupación y requiere de nuestra denuncia”, dijo Edgardo Román, coordinador general de la coalición, quien planteó en sus declaraciones escritas que "venganza no es justicia".

Según el grupo, la pena de muerte es parte de la conducta criminal, y se afirma que existen otras medidas de castigo como el encarcelamiento, lo cual hace innecesario su ejecución.      

“Exigimos y demandamos a la Jefa de la Fiscalía Federal  que le requiera al Secretario de Justicia de los Estados Unidos el cese inmediato de certificaciones de casos provenientes de Puerto Rico en reconocimiento del repudio a la pena capital. La lealtad de los funcionarios públicos, sean federales o estatales, debe estar primero con la voluntad del pueblo; lo contrario es tiranía e imposición”, expresó Román.

La pena de muerte fue abolida a nivel estatal en Puerto Rico desde 1918, y luego quedó prohibido en 1952 en la Constitución del estado Libre Asociado pero en virtud de una ley federal de 1994 las autoridades federales sí pueden celebrar juicios de pena capital en la Isla, y desde ese entonces se han visto más de una decena de juicios de pena ed muerte, aunque ningún jurado ha condenado a morir a los convictos.

Asimismo, la Coalición celebró el anuncio de fiscalía federal de que  que no “buscará la pena de muerte” contra Alfredo “Freddie” Umpierre Santiago, Juan “Vaquerito” Rosario Marrero, Elvin “Chino” Morales Ramírez, David “Davo” Vargas Santiago, John “Jan” Fermín Cortés y Javier “Javo” Ortiz Nieves, acusados por el asesinato de un guardia de seguridad durante un robo.

La Coalición expresó solidaridad con las víctimas de este crimen, y expresa su deseo de que el crimen no queda impune. También aseguró que la determinación de la fiscalía federal no les exime de responsabilidad y el proceso legal continuará su curso, por lo que de encontrarse culpable a alguno de ellos enfrentaran condenas de cárcel incluyendo la cadena perpetua.

“Creemos que la determinación de la fiscalía federal es la correcta, puesto que la pena de muerte constituye un castigo ajeno a los derechos humanos, un proceso sumamente costoso, y se cuenta con otras alternativas para atender estos casos”, indicó Román, quien agregó que la tendencia general en los Estados Unidos está dirigida a la reducción de condenas a pena de muerte y ejecuciones.