La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, recomendó ayer que se enmiende el Artículo 2.02 de la Ley de Armas para requerir que toda persona que solicite una licencia de portación someta una declaración jurada en la que demuestre que no ha tenido ni tiene vigente una probatoria especial por violencia doméstica.

La funcionaria propuso el cambio al apoyar el paquete de seis medidas de enmiendas a la Ley de Intervención contra la Violencia Doméstica, que evalúa la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, albergues y organizaciones que protegen los derechos de las víctimas objetaron algunas de las piezas de ley en una vista pública ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara Baja.

Algunas de las enmiendas buscan que sea un requisito para contraer matrimonio, que ambas personas muestren un certificado de convicciones por violaciones a cualquiera de los estatutos de la Ley 54; suspender toda relación filial con respecto a los hijos menores de edad contra quien se emita una orden de protección; permitir la presencia de intercesores legales, personas de apoyo, familiares o facilitadores durante el testimonio de la víctima y eliminar el elemento discrecional del contenido de las órdenes de protección. 

En torno al proyecto de las relaciones paterno filiales, la jefa policial recomendó que en vez de tres meses, se reduzca a 30 días las relaciones paterno filiales contra la parte custodia agresora, cuando se expida una orden de protección, visión que, según destacó, es una compartida por estudiosos del tema.

María del Carmen Valentín, presidenta del Hogar Ruth, agregó que esta medida podría en la práctica ser adverso a la víctima cuando el agresor sea quien obtenga, “manipulando malintencionadamente al sistema de justicia, una orden de protección”. Valentín dijo que podría hacerle daño a la víctima privándola de la custodia y de relacionarse con sus hijos.

“Nos alarma grandemente la disposición que penaliza las órdenes de protección solicitadas con el solo propósito de suspender las relaciones filiales, maliciosa y frívolamente”, expuso Vilma González, de la Coordinadora Paz para la Mujer.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eric Colón, se comprometió con la Comisión de lo Jurídico a proveer la estadística sobre la cantidad de acusados por Ley 54 con grilletes electrónicos y el número de confinados por violación a este estatuto.

Mientras, la presidenta de la comisión cameral de lo Jurídico, María Milagros Charbonier Laureano, dijo que se propone crear una nueva “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

“Lo que pretendemos hacer es continuar recogiendo todas las posibilidades de enmiendas que han radicado todos los legisladores y al final vamos a evaluar con el equipo de los asesores todo el andamiaje que tenemos que trabajar para una nueva Ley 54. Algunos de los aspectos más importantes son los relacionados con la prevención que no están cubiertas, y con el proceso mismo que enfrentan las víctimas… Las protecciones que tienen que haber y en qué estamos fallando“, dijo la representante Charbonier Laureano.