Unas 100 personas, incluyendo al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, se presentarán como testigos durante el proceso judicial contra 10 acusados por corrupción gubernamental, entre los que se encuentra el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández Pérez.

Así lo adelantó hoy, lunes, el fiscal José Capó Iriarte, quien dirige la División de Crímenes de Cuello Blanco de la Fiscalía Federal, durante una conferencia de estatus del caso ante el juez federal Pedro A. Delgado, en la que destacó que muchas de las personas que declararon ante el gran jurado serán testigos.

Capó Iriarte señaló, además, que la evidencia cuenta con 170,000 expedientes o archivos digitales que incluyen cientos de documentos y correos electrónicos, que ya fue entregada a los abogados de los acusados.

El nombre de Alberto Lázaro surgió cuando el abogado de la coacusada Ivonne Falcón Nieves, Godwin Aldarondo, solicitó tiempo para evaluar la prueba y hacer las gestiones para tomar una deposición del ejecutivo de la AAA.

Sin embargo, el juez le recordó que esto no es un caso civil, que es un "campo de juego distinto". Entonces, Capó Iriarte recalcó que se opondría a tal petición porque Lázaro es testigo en el caso y el abogado "podrá contrainterrogarlo en su momento".

Por otra parte, el abogado de Javier Muñiz Álvarez, el único coacusado al que no se le concedió libertad bajo fianza, por lo que permanece sumariado desde los arrestos del 3 de diciembre pasado, solicitó que el juicio contra su cliente se vea por separado y prontamente.

El licenciado Francisco Rebollo Casalduc pidió que el juicio contra Muñiz Álvarez "se vea lo antes posible y por separado a los demás" porque su cliente "está sentado en la cárcel ahora mismo".

El fiscal respondió que está listo para ver el juicio, pero que posiblemente se opondría a que se viera por separado porque Muñiz Álvarez está involucrado en una conspiración con otros acusados. El juez les ordenó someter mociones por escrito sobre este asunto, para entonces tomar una decisión al respecto.

La agenda del caso señala que el juicio comenzaría el 10 de mayo, pero la petición de los demás abogados presentes en sala fue que se les conceda más tiempo para poder evaluar la voluminosa evidencia. Propusieron que el juicio se vea en algún momento entre agosto y septiembre.

El juez aclaró que la agenda no estaba "escrita en piedra" y que cuando pautó la fecha, desconocía la gran cantidad de evidencia, por lo que evaluará posponer el inicio del juicio.

Además, ordenó a los letrados reunirse con los fiscales para que les especifiquen la prueba que usarán contra cada uno de los acusados. Deberán precisar tanto la prueba documental como de testigos. Una vez radiquen las mociones indicando que ya tienen dicha información, señalará una vista de estatus de seguimiento, precisó el togado.

Los 10 acusados en este caso fueron arrestados el 3 de diciembre pasado, luego de que un gran jurado federal emitiera un pliego acusatorio de 25 cargos por soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión por actos cometidos desde 2012 hasta el momento, y que rindieron un beneficio de más de $2 millones.

Según la acusación, las agencias afectadas por el esquema fueron la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las penas aplicables en este caso son cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.

Los coacusados en este caso son la exdirectiva de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), destacada al momento de su arresto en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de La Fortaleza, Sally López Martínez; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón; el ayudante operacional de ese cuerpo legislativo, Glenn Rivera Pizarro; el exempleado de la Cámara Víctor Rafael Burgos; la directora de la Oficina de Compras y Logística de la AAA, Sonia Barreto Colón; la exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves; su hermana Marieli Falcón; y los empresarios Carlos Luna y Muñiz Álvarez.

Éste último también aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Al acusado se le concedió libertad bajo fianza porque supuestamente amenazó a una potencial testigo.

Según la pesquisa, el primer esquema era de Hernández Pérez con López Martínez, a quien éste recomendó a la posición directiva de ADL al hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Luis Gerardo "Gerry" García Padilla. Fue así que el recaudador del PPD registró compañías luego de las elecciones del 2012 y logró contratos con la agencia. También le hizo costosos regalos, los que anotaba en un registro, según señalaron las autoridades federales.

Se alega que el segundo esquema se produjo con Falcón Nieves y Barreto Colón, donde lograron un contrato firmado por Lázaro, a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas.

El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez 3CommGlobal obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente.

Fue a estos efectos que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, fue citado en dos ocasiones a declarar ante el gran jurado. También se supo que testificaron Gerardo García Padilla, hermano del primer ejecutivo; el secretario del Trabajo, Vance Thomas; la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi; la senadora del PPD Maritere González; el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),  Harry Rodríguez; y Erick Reyes Colón, identificado como un amigo cercano del gobernador Alejandro García Padilla, quien se alega fungió como parte de su comité de finanzas durante la campaña del 2012.