Como parte de su estrategia, el Ministerio Público sentó a declarar la tarde del martes al expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Luis Manuel García Passalacqua, quien regentó el cuerpo durante el periodo previo a los hechos que se le imputan al exvicepresidente José Pérez Canabal.

Pero sometió por declaración jurada el testimonio de la también expresidenta, Marimar Pérez Riera, quien dirigía el cuerpo rector de la corporación pública durante parte del periodo en el cual los fiscales alegan que Pérez Canabal participó en un esquema de fraude para otorgar contratos de energía renovable entre junio del 2011 a mayo del 2012.

También enfrentan cargos Roberto Torres Torres, contable de Pérez Canabal, y Francisco Santos Rivera abogado de la División Legal de la AEE.

La acción de los fiscales Yaritza Carrasquillo Aponte, Vilmary Rodríguez Pardo, Edwin Ortiz Rivera y Alberto Valcárcel Ruiz, jefe de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, provocó que los abogados solicitaran a la jueza Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan, que evaluara la declaración de Pérez Riera para determinar si contenía prueba exculpatoria.

También pidieron a la togada que analizara si era necesario que Pérez Riera se sentara a declarar en la vista de causa para arresto en alzada que se sigue contra el trío.

En una breve alocución, el licenciado José Andreu Fuentes, quien representa a Pérez Canabal, apuntó que el Ministerio Público sentó a declarar en la tarde de hoy a García Passalacqua para que disertara sobre generalidades y detallara el "librito", que siguió para regentar el cuerpo rector de la AEE.

"Lo traen (a García Passalacqua) para encajonarlo en los hechos del caso, para que se hagan una inferencias", afirmó Andreu Fuentes, quien comparte labores con la licenciada Griselle Sepúlveda Chavier.

Indicó que durante la presidencia de García Passalacqua se aprobó la resolución que estableció el proceso a seguir para otorgar los contratos de energía renovable, pero que dicha directriz se implementó luego de que el ingeniero renunció al puesto y bajo la presidencia de Pérez Riera.

Planteó también que la estrategia de presentar el testimonio de Pérez Riera por declaración jurada tenía como finalidad evitar que los abogados defensores pudieran contrainterrogarla y confrontarla con su declaración.

El licenciado Jorge Gordon Menéndez, quien representa a Santos Rivera junto al abogado José Armando García Rodríguez, se unió a la petición.

En su réplica, el fiscal Valcárcel Ruiz señaló que estaba acostumbrado a que se acusara al Ministerio Público de no entregar prueba exculpatoria, pero aseguró a la jueza que seguían el proceso judicial según las reglas que cobijan a la Regla 6 o vista para determinar causa para arresto.

"No hay ni una sola letra o coma que pueda ser considerada prueba exculpatoria", afirmó.

Previo a este planteamiento, García Passalacqua declaró que el 24 de marzo de 2011 se aprobó la resolución 3798, que delegó los poderes de aprobar los contratos de energía renovable al director ejecutivo de la AEE.

El director ejecutivo tenía la facultad, según esa resolución, para aprobar los contratos que cumplieran con la política pública de la corporación pública y cuyos proyectos contarán con los endosos de tres directorados: Planificación, Regeneración y Asuntos Jurídicos.

García Passalacqua, quien renunció al puesto el 24 de marzo de 2011, indicó que las decisiones de la Junta las tenía que aprobar el pleno de dicho cuerpo y que consideraba que era "impropio" que un miembro de la Junta de Gobierno consultara o procurara recomendaciones directamente con empleados de las agencias. Esas consultas, a su juicio, debían hacerse a través del director ejecutivo.

Apuntó, a preguntas de la fiscal Carrasquillo Aponte, los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE no pedían propuestas de proyectos y "menos todavía" recibían propuestas.

"(No recibían propuestas) porque básicamente era una cuestión operacional y el que tenía que traerlo era el director ejecutivo", respondió.

Indicó también que una vez se aprobó la resolución 3798 la obligación de la Junta de Gobierno consistía en evaluar el trabajo.

Pero a preguntas de los abogados defensores, el testigo aceptó que no existía impedimento legal que prohibiera que un miembro de la Junta procurara asesoramiento con empleados de la corporación pública y que era común que un miembro de la Junta conversara con el director ejecutivo u otros directores sobre asuntos propios de la corporación pública.

También reconoció que no era parte del cuerpo cuando se estableció el Comité de Energía Renovable, que presidió Pérez Canabal y que desconocía las nuevas reglas que implementó su predecesora.

Además, indicó que bajo su presidencia no permitió que otro miembro de la Junta convocara un referéndum telefónico que permitía la aprobación de una resolución por consentimiento, pese a que los bylaws permitían al vicepresidente y al secretario convocarlo bajo ciertas circunstancias.

Pérez Canabal enfrenta ocho cargos: cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales, un cargo de fraude y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Torres Torres encara un cargo por fraude y cuatro por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales, mientras que Santos Rivera enfrenta cuatro cargos por intervenciones indebidas en operaciones gubernamentales y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. 

Los licenciados Ana González Cabrera y Alexis Acevedo Colón representaron a Torres Torres.

La vista continúa mañana, miércoles.