El juicio contra Roberto Quiñones Rivera, imputado del asesinato de la bailarina Yexeira Torres Pacheco, sigue detenido a la espera de una decisión del Tribunal de Apelaciones en torno a si fue correcta la decisión de la jueza Berthaida Seijo Ortiz de suprimir la evidencia ocupada por la Policía en una van con supuestas manchas de sangre que estaba en poder del acusado.

Tanto las fiscales Alma Méndez y Sonia Polanco Viera, quienes sometieron el recurso al Tribunal de Apelaciones, como al abogado de defensa, Jorge Gordon, expresaron este lunes que aún esperan por la determinación, lo que llevó el juez Francisco Borelli Irizarry, de la sala 203 del Centro Judicial de Carolina, a reseñalar para el 10 de abril una nueva vista con antelación al juicio.

El papá de la bailarina, Víctor Torres, dijo que confía que para el señalamiento del mes próximo ya haya una decisión del foro apelativo en el caso de su hija.

"Un mes más, pero yo tengo esperanza", dijo Torres. "Será que tienen muchos casos. Esperamos en Dios que para el 10 de abril se resuelva", indicó.

Tanto Torres como la fiscal Méndez, que además de fiscal del caso es la fiscal del distrito de Carolina, dijeron que independientemente de si pueden usar la evidencia, el Gobierno tiene prueba suficiente para procesar a Quiñones Rivera por la muerte de Torres Pacheco, cuyo paradero se desconoce desde octubre de 2011.

Méndez no se quiso aventurar a estimar cuánto tiempo tardará el Tribunal de Apelaciones en decidir, pero afirmó que es un caso "complejo".

"Ya se perfeccionó el recurso, todos los documentos y argumentos de las partes han sido presentados por ambas partes", indicó la fiscal.

A preguntas de la prensa, la fiscal negó que haya dilación en este caso.

 "El caso se sigue trabajando, lo que pasa es que se está trabajando a nivel apelativo ante una supresión ocurrida a nivel de instancia a la que nosotros decidimos recurrir. Es el Tribunal de Apelaciones que en el ejercicio de la jurisdicción dispuso la paralización de los procedimientos para evaluar los méritos de nuestro recurso", expresó Méndez.

Durante una vista de estatus del proceso judicial en noviembre del año pasado, la jueza Seijo Ortiz notificó a las partes que suprimió como evidencia las manchas de sangre de la joven que la Policía encontró en la guagua Ford Econoline color blanca, propiedad de Quiñones, pues el registro del vehículo se llevó a cabo sin una orden judicial y de manera “irrazonable”.

“Todos los registros hechos al vehículo fueron en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y a la Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico. No se estableció razón para hacer los registros sin una orden (judicial)”, sostuvo la jueza del Tribunal de Carolina en ese entonces.