El contrabando es el mayor reto que enfrenta el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en su afán por hacer de las cárceles del País un lugar de reflexión y reformación para los criminales.

 A pesar de que a diario se realizan registros y se ocupan sustancias controladas y artículos prohibidos para los confinados, el problema  en algunas instancias se reduce pero no se detiene.

De hecho, cada vez los presos se las ingenian más para fraguar sus actos delictivos dentro de las instituciones correccionales, donde en lo que va de año la unidad canina K-9 ha incautado  serias cantidades de drogas como marihuana,  heroína y cocaína, cuyo valor dentro de ese mercado clandestino tras los barrotes sobrepasa los $262,000.

Así lo reconoce el secretario de Corrección y Rehabilitación, Einar  Ramos López, quien defendió los esfuerzos combativos que realiza la agencia donde a diario - como dispone el reglamento- se realizan  registros rutinarios en todas las cárceles de la isla.

La ocupación de teléfonos móviles, indicó, es el gran dolor de cabeza que enfrentan pues parece ser la base de muchos otros problemas delictivos dentro de la prisión.

“Por eso somos tan agresivos

 en ocupar este tipo de artefactos que no deben estar en las  instituciones porque estamos seguros que a raíz de ese contrabando surgen otras situaciones como la introducción de drogas o las reyertas entre grupos”, explicó.

De enero  a junio, el personal correccional ha ocupado 772 celulares cuyo valor económico dentro de las cárceles sobrepasa los $386,000 pues la venta de cada aparato dentro de la institución, según dijo una fuente de Primera Hora, puede fluctuar entre los $200 y $400, no importa el modelo. 

Además, los que poseen este tipo de artefacto también montan su propio negocio alquilándolos a otros por días o semanas.

 Anteriormente,  personal de Seguridad del DCR ha explicado a Primera Hora el ingenio de los reclusos para introducir materiales ilegales.

 Y es que muchos burlan la seguridad con artimañas  que incluyen utilizar su cavidades corporales (recto y vagina) como parte del esquema de contrabando.

En estos casos, se ha dicho, se le da la oportunidad al confinado de que expulse el material -que además de celulares, incluye drogas y hasta armas blancas como cuchillas- en un área segregada conocida como celda seca  (pues no tiene servicio sanitario) o paridora.

Aquellos que se nieguen a pasar por  el proceso voluntario, son llevados al centro de salud correccional donde se le realiza una radiografía para lo que, en ocasiones, es necesario una orden judicial. 

En casos extremos, el recluso es intervenido quirúrgicamente para extraer  los artículos.

Aunque la tarea de mantener las cárceles  libres de contrabando es una tarea ardua y espinosa, el secretario de Corrección tiene esperanza  en poder batallar contra la situación.

“No podemos bajar la guardia y donde sigan tratando de introducir contrabando, seguiremos nosotros combatiéndolo. La misión del Departamento es rehabilitar a los que quieran corregir sus errores. Y no podemos claudicar en esa misión por un mínimo de confinados que quieren continuar dentro de la institución con la vida delictiva que tenían afuera en la calle”, reiteró.