La Oficina del Contralor de Puerto Rico detectó irregularidades en el área operacional y financiera de la Policía entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2014, según lo informó hoy en un comunicado de prensa. 

En ese periodo ejercieron labores como superintendentes José Figueroa Sancha, Emilio Díaz Colón, Héctor M. Pesquera, James Tuller y el actual incumbente José L. Caldero López. 

Entre los nueve hallazgos que están contenidos en el informe de la auditoría se mencionan fallas en la contratación de auditores para la preparación de estados financieros para los años 2011 y el 2013. 

La Ley establece que dicha contratación de las firmas de auditoría debió realizarse 90 días antes del cierre del año fiscal y se hicieron entre 19 a 99 días consecutivos luego de vencerse el término. 

Al cierre de cada año fiscal, explica el informe, las agencias preparan sus estados financieros, los cuales son evaluados por auditores externos. Además se les requiere a entidades que reciben fondos federales que remitan un informe del uso de dicho dinero el cual debe ser preparado por un contador público autorizado. 

Además en el documento se enumeraron otras irregularidades con la custodia de cheques en blanco, falta de inventarios de cheques, ausencia de un registro de cheques devueltos y deficiencias con las conciliaciones bancarias, entre otros.

Por ejemplo, un examen de la cuenta regular de nómina y costos relacionados reveló que el Oficial Pagador Especial no había remitido al Secretario de Hacienda el importe de $4.3 millones de 2,187 cheques emitidos desde 2007 que habían caducado y se estaban incluyendo en la conciliación como cheques en circulación.

Además, la auditoría señala que el Recaudador Oficial y la Recaudadora Oficial Sustituta realizaban las funciones de facturación y cobro, que son  conflictivas con las de recaudaciones y que al 31 de diciembre la Policía mantenía 1,162 cuentas por cobrar ascendentes a $3.6 millones.

Con respecto a la propiedad, el informe indica que de 2011 al 2013 no se realizaron inventarios físicos anuales de las dependencias de inventario de propiedad adquirida y donada. 

En el inventario a las dependencias de armas no se incluyeron las armas de reglamento asignadas a los policías y el registro de hurtos o desaparición de propiedad no había registrado las pérdidas desde mayo de 2006 a abril de 2013.

Sobre los gastos de combustible concluye que la División de Transportación no ejerció los controles adecuados. 

El Informe también contiene comentarios especiales sobre la ausencia de una oficina de auditoría interna en la Policía para fiscalizar los procesos fiscales y operacionales de la agencia. 

A su vez llama la atención a la existencia de 554 demandas civiles por $1,518 millones las cuales se encuentran pendientes de resolución por los tribunales. Las mismas son por las causales de daños y perjuicios, violación de derechos civiles, agresión hostigamiento y cobro de dinero. 

En general, opinión de la Contraloría es favorable con las excepciones antes mencionadas, según se señala en un comunicado de prensa.